La sede de la petrolera hispano-argentina Repsol YPF en Bolivia recupera paulatinamente la normalidad, tras la detención y la liberación de sus dos principales directivos, investigados por un supuesto contrabando de petróleo.

Fuentes de la compañía informaron de que, el miércoles por la tarde, el español Julio Gavito y el argentino Pedro Sánchez regresaron a sus puestos de trabajo y a sus domicilios después de casi una semana de ausencia.

Los directivos se encontraban en paradero desconocido desde el jueves pasado, cuando tres fiscales y una veintena de policías irrumpieron en las instalaciones de la empresa con el mandato de detenerlos y llevarlos a declarar por una acusación de contrabando, y no los encontraron.

El martes por la noche, aparecieron de forma sorpresiva para testificar y,al día siguiente, fueron detenidos de madrugada y trasladados a la Policía Técnica Judicial de la ciudad oriental de Santa Cruz, donde permanecieron doce horas hasta que un juez cautelar les otorgó la libertad condicional.

Los ejecutivos de la compañía petrolera proclamaron su inocencia en reiteradas oportunidades y han denunciado, a través de su abogados, que durante la investigación se ha violado el debido proceso.

Gavito, presidente de Andina, la filial boliviana de Repsol YPF, mostró a la cadena de televisión local Red Uno su decepción por lo sucedido, puesto que tanto él como Sánchez, director de operaciones de la firma, se habían presentado voluntariamente en la aduana de Santa Cruz para declarar, por lo que no comprendieron su detención.

Seis horas de preguntas

Los funcionarios investigados respondieron durante seis horas a las preguntas de la fiscalía sobre la supuesta venta irregular de crudo por valor de 9,2 millones de dólares (7,7 millones de euros), presuntamente cometida por Andina entre junio de 2004 y julio de 2005, como denunció la aduana el 17 de febrero pasado.

Después de escuchar su testimonio, los fiscales aplicaron igualmente la orden de aprehensión que pesaba contra ellos, dictada junto con la de allanamiento de morada de las instalaciones de la firma.

Al recordar su paso por las dependencias policiales, el directivo español indicó que la experiencia "perjudica a la imagen de Repsol y tiene efectos tanto en Argentina como en España". "Vamos a aclarar que estuvimos en una celda, hemos dormido en una celda junto a otro internado", explicó molesto.

Diez horas después de ser capturados el juez Zenón Rodríguez, del tribunal décimo de instrucción penal de la Corte Superior de Santa Cruz, los liberó a cambio de una fianza de 400.000 bolivianos (40.000 euros), pero con los trámites burocráticos no salieron hasta dos horas más tarde.

Además, Rodríguez dictó un mandamiento de arraigo que les impide abandonar el país mientras se desarrolla el proceso y les impuso la obligación de acudir una vez al mes a la fiscalía.

Preocupación de la multinacional

El director de comunicación y relaciones externas de Repsol YPF para Argentina, Bolivia y Brasil, Fabián Falco, expresó en una rueda de prensa la preocupación de la multinacional por el suceso. "Nos parece que esa situación es irregular y fue también realizada con algunas visos de espectacularidad manifiesta que nos llaman la atención y nos preocupan", dijo.

Falco, que llegó desde Buenos Aires por este caso, recordó que en la víspera del allanamiento de Andina, el juez Rodríguez determinó la suspensión de la investigación y luego, cuando se desdijo al día siguiente, no estaba habilitado para ordenar la medida judicial porque había sido recusado por los abogados de la compañía.

El proceder del magistrado motivó que el representante legal de Repsol YPF Abel Montaño interpusiera un recurso de "habeas corpus" que fue rechazado el lunes pasado por la segunda sala civil de Santa Cruz, decisión que ha sido impugnada por la empresa ante el Tribunal Constitucional.

El polémico proceso, que ha tensado las relaciones entre Bolivia y España, continuará hoy con el testimonio ante los fiscales de la directora jurídica de Andina, la boliviana Selenita Céspedes, la segunda persona de la empresa en hacerlo después de que el martes declarara el gerente de relaciones externas, Miguel Cirbián.