MADRID. El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial plantará a la Comisión de Justicia del Congreso por segunda vez en una semana. Francisco José Hernando envió una carta al presidente de la Cámara, Manuel Marín, en la que explicó que no acudirá a la citación para «no verse sometido a una función política de control». El PSOE atribuyó la decisión a que la máxima autoridad judicial del país «está en la estrategia del PP». Las asociaciones judiciales se dividieron, la conservadora respaldó la decisión y la progresista la criticó.

Hernando está citado para hoy para responder a las peticiones de comparecencia del grupo socialista, ERC e Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, pero no podrá ser. El presidente del Supremo, como hizo la pasada semana, anunció por vía epistolar que no irá al Congreso. En la anterior oportunidad, alegó que no podía explicar las razones del Supremo en la nueva doctrina de aplicación de la ley a los presos terroristas. También dijo, y reiteró en esta ocasión, que no existe disposición «constitucional o legal» que establezca que el máximo responsable del Poder Judicial tenga que someterse a la fiscalización del Legislativo.

Si aceptara someterse al «control político», agregó ahora Hernando, significaría «la erosión del principio de separación de poderes y de la independencia judicial». En su escrito de siete páginas, indicó además que «fuera de la presentación de la memoria no hay mecanismos que permitan hacer efectiva alguna clase de responsabilidad o de subordinación del Consejo (del Poder Judicial) al órgano parlamentario o al Poder Ejecutivo». Hernando insistió ante Marín en que «no hay cauce alguno en el ordenamiento jurídico» que obligue a comparecer al representante del Poder Judicial ante el Congreso.

El presidente del Supremo está convocado ante la Comisión de Justicia para que explique, entre otros asuntos, la equiparación que hizo del aprendizaje del catalán para los jueces que quieran ejercer en Cataluña con el de aprender a bailar sevillanas en Andalucía, así como sus «repetidas declaraciones contra el Estatuto de Cataluña». Hernando señaló que el motivo de la citación evidencia «una finalidad de control político y dibuja una presentación sesgada del debate».

Sin precedentes

El ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, rechazó la decisión y recordó a la máxima autoridad judicial que acudir a una convocatoria del Congreso «no es una gravamen» sino «una obligación». Sostuvo asimismo que «parece mentira que quien se llena la boca de hablar de la Constitución» luego no la respete.

El secretario general del grupo parlamentario, Diego López Garrido, atribuyó la decisión a que el presidente del alto tribunal «está en la estrategia del PP, no va a hacer nada que moleste a esa estrategia», y, por tanto, «nunca va a querer atestiguar ante la Cámara». COLPISA