Los medios de comunicación tienen el derecho y la obligación de desarrollar sus propias investigaciones en torno a hechos noticiosos como el del 11 de marzo de 2004, pero los responsables políticos deberían distanciarse de actitudes basadas en suposiciones o sospechas que ponen en cuestión la profesionalidad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y la capacidad del sistema judicial para depurar las responsabilidades delictivas de la masacre terrorista de los trenes de Madrid. El presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, se ha equivocado al entrar el juego de las suposiciones y poner bajo sospecha toda la instrucción judicial del 11-M.

No es cuestionable a estas alturas que lo sucedido el 11-M, que fue la peor tragedia padecida por España a causa de una agresión terrorista, y la gestión informativa que con aquel episodio protagonizó el Gobierno de entonces, influyeron indudablemente en las elecciones generales del 14-M. Sin embargo, una vez reconocida por parte del Partido Popular la legitimidad de aquellos resultados electorales, ya no tiene sentido apuntarse a supuestas tesis conspirativas que, con independencia de lo ocurrido en vísperas de la consulta electoral, ofenden al sentido común, carecen de fundamento alguno y suponen en su solo enunciado una desconfianza inaceptable en los servicios de seguridad del Estado y en los Tribunales de Justicia.

Este episodio coincide con el segundo aniversario de aquellos hechos, es decir, con el ecuador de la legislatura del Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero, y lo ocurrido parece acreditar que el PP quizás no haya superado todavía completamente el doloroso trauma que le llevó a la oposición tras aquellas elecciones. Y esta constatación es negativa porque el legítimo afán de escribir la historia con renglones derechos no debe ocultar que la gran obligación política y social de la primera fuerza de la oposición consiste en contribuir a construir el futuro, sin olvidar la memoria de las víctimas ni renunciar a esclarecer las circunstancias de los atentados, pero dejando la tarea en manos de la Justicia. Por respeto a las victimas del 11-M y, sobre todo, por honrar las obligaciones que los partidos tienen contraídas con toda la sociedad, la principal fuerza opositora al socialismo gobernante ha de volcar todas sus energías en el fortalecimiento de su alternativa, en noble concurrencia con la mayoría política que debe ser democráticamente controlada, y en superar viejos y profundos rencores que ya han contribuido bastante a enrarecer las relaciones políticas en estos dos años de excesiva y estéril crispación.