MADRID. El Gobierno confía sacar adelante en abril una nueva reforma de pensiones, con el consenso suficiente para evitar «los efectos perversos» que generaron otros pactos al adelantar la posibilidad de jubilarse, según expuso el secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, ayer en el Congreso de los Diputados. Se tratará de un acuerdo con cambios «moderados y paulatinos» a aplicar a los futuros pensionistas y con respeto de los derechos adquiridos por los actuales. «Será sobre flujos y no sobre stocks», añadió.
La comparecencia de Granado tuvo lugar en Comisión, donde describió la reforma que se avecina en respuesta a una pregunta del diputado del PP, José Ignacio Echaniz, quien se mostró partidario de una modificación urgente, similar a «la adoptada por Alemania, país que ha retrasado la edad de jubilación de los 65 a los 67 años». Echaniz argumentó que la población española envejece, la tasa de natalidad no despega y los inmigrantes no son suficientes para soportar el sistema. Insistió en que informes internacionales advierten de que la protección social pública española correrá peligro en 2050 si no se aplican variaciones e instó al Gobierno a no quedarse «inmóvil» si el entendimiento con los empresarios y los sindicatos es imposible.
Granado le recomendó «no alarmar a la sociedad» porque aunque las previsiones indican que, si todo sigue igual, en 2050 los gastos superarán a los ingresos «hablar de informes demoledores no hace bien a nadie», dijo. «Somos el único país en el que se aprecia una evolución positiva porque la riqueza nacional crece más que el gasto en pensiones», resaltó. Igualmente en respuesta a Echaniz, facilitó datos que demuestran la buena situación del sistema. En términos de caja, los ingresos de su Departamento han crecido un 9,05% y han pasado de 7.570 millones de euros a 8.255, mientras que los pagos han subido un 8,48% y de 10.134 millones han llegado a 10.994 millones.
Prudencia
El secretario de Estado indicó que las prisas no son buenas. Recomendó prudencia y recordó que las reformas para ser eficientes y eficaces necesitan estar arropadas por el mayor consenso posible. Y, como ejemplo de lo que no debe hacerse, citó el pacto suscrito en 2001 por el Gobierno del PP, CEOE y CCOO, y rechazado por UGT. A su juicio, aquel acuerdo produjo «consecuencias perversas al adelantar la edad de jubilación, cuando hacia lo que hay que ir es a alargar la vida laboral».
Granado acudió a la comisión para informar sobre el fondo de reserva de pensiones, que cuenta con 31.207 millones de euros y que en junio recibirá una nueva aportación de otros 3.700 millones. COLPISA