La Comisión Europea (CE) cree que los cambios legislativos aprobados por el Gobierno español en el sector de la energía pueden suponer un obstáculo al libre establecimiento de ciudadanos de otros países miembros y a la libre circulación de capitales dentro de la UE.

Por eso, el Ejecutivo comunitario ha pedido a las autoridades españolas que, en un plazo de diez días, expliquen los citados cambios, por los que se amplían las competencias de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) para que pueda supervisar cualquier operación de compra sobre empresas que operan en sectores regulados.

Bruselas confía en obtener la colaboración de las autoridades españolas en este asunto y ha precisado que estudiará con detenimiento su respuesta antes de decidir si toma alguna medida. En una carta enviada el viernes, la CE transmite al Gobierno español su "preocupación" por la reacción del Gobierno tras conocer la opa de la eléctrica alemana E.ON sobre Endesa.

Según el portavoz de Mercado Interior del Ejecutivo de la UE, Oliver Drewes, el Real Decreto aprobado el 24 de febrero para reforzar los poderes de la CNE "podría crear obstáculos al derecho de establecimiento de los nacionales de otros estados miembros así como al libre movimiento de capitales dentro de la UE, al entorpecer o hacer menos atractivo el ejercicio de esos derechos".

A la pregunta de si el envío de la carta anticipa la apertura de un procedimiento sancionador contra España, el portavoz ha señalado que la Comisión espera recibir de las autoridades españolas una respuesta "bien fundada" y que no decidirá si adopta nuevas medidas hasta haber analizado "cuidadosamente" sus explicaciones.

Cuando entre en vigor la nueva normativa española, la CNE podrá analizar cualquier operación que tenga por objeto una empresa energética española con actividades reguladas, sea cual sea la nacionalidad y la actividad de la compradora. La medida es, según el Ejecutivo español, compatible con la legislación comunitaria y con la libre circulación de capitales, y su objetivo no es frenar una operación concreta, sino solventar una "situación anómala".

Hasta ahora el organismo regulador del mercado energético no podía analizar operaciones de concentración que afectaran a actividades reguladas (transporte y distribución de electricidad y gas), si la compradora no era española o no pertenecía al sector energético.

Pronunciamiento de E.ON

En virtud de la nueva norma, la CNE tendría que pronunciarse sobre la proyectada fusión de E.ON y Endesa -que fue anunciada cuando ya estaba en marcha otra opa de Gas Natural sobre la eléctrica española-, cuyo análisis corresponde, a la vista de las cifras de negocio de ambas compañías, a las autoridades de competencia de la UE.

Drewes ha evitado detallar el contenido de la carta, pero ha indicado que recoge una serie de "cuestiones específicas" que reflejan la preocupación de la Comisión ante el citado cambio normativo. Ha recorado que, al ampliar las competencias de la CNE, el decreto-ley establece un nuevo sistema de autorización para la adquisición de títulos de compañías que ofrecen servicios regulados por la Administración y advirtió de que puede hacer menos atractivas esas operaciones.

En la citada misiva, la Comisión también recuerda a las autoridades españolas que aún no han respondido a otra carta, enviada el pasado 20 de febrero, en la que Bruselas reclamaba explicaciones sobre la ley aprobada el pasado 25 de noviembre para derogar la "acción de oro" que el Gobierno todavía conservaba en algunas empresas privatizadas, entre ellas Endesa. España tiene abierto por este motivo un contencioso con Bruselas que, de no resolverse pronto, puede acabar ante el Tribunal de Justicia de la UE.

El portavoz de Mercado Interior de la CE indicó que a finales de marzo Bruselas decidirá si da un paso más en los procedimientos de infracción por mantener ese instrumento de control en las empresas privatizadas y por no haber modificado una ley de 1999 por la que el gobierno tiene que autorizar el ejercicio del derecho de voto de las empresas públicas extranjeras que adquieran participaciones de al menos un 3% en sociedades españolas del sector energético.

Estos dos problemas, igual que la nueva legislación aprobada a finales de febrero, están relacionados con el margen de actuación con que cuenta el Gobierno español en caso de que una empresa extranjera quiera comprar una participación en una sociedad español, como sucede en la opa de la alemana E.ON sobre Endesa.

Plazo de aceptación

Por otro lado, el plazo de aceptación fijado inicialmente por Gas Natural en la operación ha comenzado hoy y se prolongará hasta el próximo día 19 de abril, según ha comunicado la gasista con la publicación del folleto de la oferta.

Además, Gas Natural ha convocado junta extraordinaria de accionista para mañanal en Barcelona, en la que se aprobará una ampliación de capital por valor de 602,4 millones de euros para afrontar la compra de Endesa.

Entre los puntos del orden del día de la junta se pedirá a los accionistas que autoricen la admisión a negociación de las acciones de Gas Natural en la Bolsa de Nueva York (New York Stock Exchange), en la forma exigible en cada una de ellas, para poder ejecutar el canje necesario con los accionistas de Endesa que decidan acudir a la opa.

También se pedirá a la junta facultar al consejo con "las facultades necesarias para la determinación de las condiciones del aumento en todo lo no previsto por la Junta General, incluyendo, entre otros aspectos, la determinación del importe de la prima de emisión y la concreción final del aumento de capital como consecuencia de las aceptaciones de la opa", según consta en la convocatoria de la junta.

Por último, en el folleto de la operación se destaca que La Caixa podría ampliar hasta un 4% su participación en Gas Natural y que el crédito sindicado de 7.800 millones que se ha pactado para comprar Endesa será cubierto como prestamistas iniciales, si bien pudiendo dar entrada a otros socios, por La Caixa (2.185 millones), Société Générale (2.810 millones) y UBS (2.810 millones).