Se han iniciado al Congreso de Diputados las reuniones de la ponencia sobre la futura ley de Regulación de Deuda Externa. No será seguramente un debate tan mediático como el del Estatuto ni una noticia tan ampliamente difundida como la dimisión de Florentino Pérez, pero su trascendencia es sin duda mucho mayor: lo que se decida en esta ponencia afectará a la vida y el bienestar de millones de personas que viven en países empobrecidos que tienen deuda con el Estado español.

Más allá de la falta de atención de los medios, es preocupante la dirección que está tomando esta ley a raíz de las enmiendas presentadas por el Grupo Socialista. El partido en el Gobierno no muestra demasiada voluntad política de acabar con el problema del endeudamiento, injusto e ilegítimo, y, por lo tanto, de luchar efectivamente contra la pobreza cuando propone que la gestión de la deuda desde el Estado español sea poco más que una política de seguidismo a los dictados del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.

Desde la sociedad civil reclamamos a los diputados que tienen a sus manos hacer una buena Ley de Deuda Externa, que incorporen a dicha ley demandas largamente reclamadas, como una total transparencia de información y la realización de auditorías de la deuda, la cancelación de las deudas ilegítimas y el enjuiciamiento de sus responsables, la eliminación y/o revisión de los mecanismos generadores de la deuda, la coherencia de políticas y la participación de la sociedad civil en la gestión de la deuda externa.