SAN SEBASTIÁN. DV. El Gobierno de Bolivia se ha comprometido a tramitar los expedientes de adopción de niños, iniciados por catorce familias guipuzcoanas, que habían sido paralizados tras suspenderse el convenio que tenía con Adecop, la agencia de intermediación de adopciones que mediaba entre el país del altiplano y Euskadi.

Así lo aseguró ayer la diputada de Política Social, Esther Larrañaga, quien explicó en qué situación se encuentran los expedientes, a petición del grupo del PP en Juntas Generales.

Las familias guipuzcoanas afectadas por la decisión de Bolivia han recobrado con la noticia un halo de esperanza, aunque el Ejecutivo de Evo Morales no ha adelantado aún las vías por las que desbloqueará la situación, que ha supuesto también en Euskadi la paralización temporal de las adopciones con el país sudamericano.

En el caso de que no prospere la colaboración de Bolivia, Gipuzkoa podría recurrir al denominado protocolo de solidaridad entre autonomías, lo que permite tramitar expedientes de adopción a través de otras agencias mediadoras autorizadas en diferentes comunidades.

Últimas reuniones

Según explicó la diputada, los contactos entre las instituciones españolas y las bolivianas, en especial con el Ministerio de Juventud y Niñez -a quien compete las adopciones internacionales- son fluidos. La última reunión tuvo lugar el pasado martes en Madrid, donde los responsables de la dirección del citado ministerio boliviano mostraron «su voluntad» de seguir adelante con los expedientes guipuzcoanos paralizados, pese al veto a Adecop.

El Gobierno Vasco decidirá hoy por su parte qué entidad se hará cargo a partir de ahora de las adopciones con Bolivia para reanudar cuanto antes los procesos de adopción con este país. La Diputación ha solicitado además que se estudie la situación de Adecop, que opera legalmente en otros países, como Colombia, Perú o Rumanía, para evitar situaciones como la que están viviendo las catorce familias guipuzcoanas.

Todo empezó cuando Adecop, la Entidad Colaboradora de Adopción Internacional (ECAI), fue acusada de soborno al ofrecer presuntamente «dinero y regalos a una jueza» boliviana para favorecer los expedientes de adopción. Las acusaciones llevaron al Gobierno de Evo Morales a suspender el acuerdo que tenía con la agencia española, única vía en los tres territorios vascos para adoptar a un niño boliviano.

Catorce familias se vieron afectadas en Gipuzkoa por el cese del convenio, lo que les dejó en la incertidumbre. La diputada recordó en este sentido que la Diputación foral tuvo conocimiento de los hechos el pasado 31 de enero, tras una reunión con todas las direcciones generales de infancia de España. Larrañaga se comprometió a «acompañar a las familias y a mediar entre las instituciones competentes» para resolver cuanto antes el bloqueo de las adopciones, aunque matizó que la responsabilidad foral se limita a expedir el certificado de idoneidad y a realizar, en algunos países, el seguimiento de las adopciones.