VITORIA. DV. El PNV calló mientras el consejero de Vivienda, Javier Madrazo, y el PSE-EE presentaron el pacto que asegura el apoyo de estos últimos al proyecto de Ley del Suelo. Sin embargo, al reanudarse ayer la tramitación en la Cámara vasca, advirtió de que el acuerdo todavía necesita «pulirse», aunque los socialistas lo consideren blindado. «Nosotros pusimos las bases para que Madrazo y el PSE acercaran posturas, pero tenemos cosas que decir porque gobernamos ayuntamientos y diputaciones», dijo el parlamentario peneuvista Juan Antonio Arieta-Araunabeña.

La posición de su grupo se reflejó con más concreción al debatirse las enmiendas a la totalidad, que han sido presentadas por el PP y EHAK. Al PNV no le convence la forma en que Madrazo y el PSE han repartido el suelo urbanizable entre viviendas tasadas y de protección oficial (VPO) -las primeras se llevan el 20% y las segundas, el 55%-. Según Arieta-Araunabeña, su partido no ha dicho nada para no entorpecer el diálogo de Madrazo con los socialistas, aunque, personalmente, es partidario de aplicar un sistema de reparto flexible. «Eso sí, asegurando un mínimo de pisos de alquiler social y un máximo de pisos libres», matizó.

El parlamentario fue más explícito cuando le emplazaron a exponer la fórmula idónea para el PNV. «Lo que se ha hecho en Zarautz», respondió. Según sus cifras, ese municipio ha proyectado ocho de cada diez pisos protegidos en un suelo 'urbano consolidado' donde sólo se exigían dos. «El 30% son VPO en alquiler; el 50%, viviendas tasadas y el 20%, libres», detalló el representante peneuvista. «Y además se ha evitado que una zona de suelo verde fuese recalificada», remachó.

Un calco

Esos porcentajes son un calco de los que recoge el Plan Bilbao Metropolitano de la Diputación vizcaína, que el Gobierno Vasco aún no ha aprobado. Las cifras de ese plan las sacó a colación ayer el parlamentario popular Antón Damborenea, quien quería resaltar la contradicción de que Vizcaya destine un 50% del suelo para pisos tasados, mientras Madrazo y el PSE pactan el 55% para las VPO en todo Euskadi. Como las instituciones planean edificar miles de pisos en los próximos años, esas decisiones divergentes tienen una repercusión importante. Por un lado, parece que una administración foral y la vasca van por su cuenta. Por otro, el volumen de negocio es distinto en ambos casos, pues un piso tasado costará entre 53.000 a 83.000 euros más caro que la VPO.

Ayer quedó de manifiesto que los populares estaban de acuerdo con los peneuvistas, al menos, en una cosa: a su juicio, los ayuntamientos deberían poder realizar su propio reparto de VPO y pisos tasados sin que lo condicione una ley autonómica. Pero esa coincidencia no impidió que el PP confirmara su rechazo inamovible a la Ley del Suelo.

En cambio, el PNV respaldó el compromiso de Madrazo y el PSE, pero avisando de que aún no lo considera suyo. Arieta-Araunabeña recordó que los cambios que se quiere introducir en el planeamiento urbanístico constituyen una cuestión seria para el PNV.