Parece incuestionable que la apertura de una nueva época en la política vasca viene identificada por la progresiva sustitución del viejo ambiente de guerra de posiciones entre partidos o bloques de partidos por un clima más creativo de deliberación pública. En el marco de este nuevo clima, se hace tan necesario como posible abordar los procesos de pacificación y normalización desde una política estrictamente democrática donde la sociedad vasca y las instituciones por ésta legitimadas sean los verdaderos protagonistas, los verdaderos motores de cambio.

La precedente afirmación puede parecer innecesaria por evidente, pero si hemos iniciado nuestra reflexión con ella es precisamente porque observamos con preocupación que no es un principio básico asumido por todos. Efectivamente, sea porque algunos continúan despreciando a la sociedad vasca y las instituciones emanadas de ésta; o sea porque otros prefieren reivindicar o ignorar a nuestras instituciones en función del peso que tengan en ellas en cada momento, lo cierto es que nos encontramos en un escenario en el que existen demasiadas tentaciones de desviar el papel de protagonista hacia agentes en cualquier caso mucho menos legitimados para ejercer tal liderazgo.

Para nosotros está claro: este nuevo clima debe tener un protagonista principal, que no es otro que la sociedad vasca. En los procesos de pacificación y normalización se van a dilucidar materias que conciernen directamente a los vascos. La sociedad vasca debe, consecuentemente, conocer y resolver los temas que forman parte de las agendas de la paz y de la normalización. Transparencia y participación social: éste es el primero y principal requisito de toda política democrática que se precie.

Por eso, preferimos una resolución democrática a un apaño político. En el primer caso, será la sociedad vasca la que la que protagonizará el proceso político a través de sus mecanismos instituidos de participación y de su capacidad de decisión. En el segundo caso, un acuerdo producto del regateo entre agentes sin representatividad social contrastada sería un fraude social abocado al fracaso.

Los procesos de pacificación y normalización política, se presenten en la forma que se presenten, deben ser procesos democráticos. Deben ser, por lo tanto, institucionales. Las diferentes propuestas de partido (sean la de Anoeta, la de Sabin Etxea o la más reciente del PSE), las diversas iniciativas de grupos sociales o políticos (como la mesa de Egino o el Nazio Eztabaidagunea) sólo serán eficaces y válidas si se contrastan y legitiman en el seno de las instituciones vascas.

A las instituciones vascas corresponde la iniciativa a la hora de configurar la agenda política y organizar la participación social y la tarea de garantizar que el proceso se desarrolla de acuerdo con las reglas democráticas. A estas instituciones corresponde preparar, sin aplazamiento alguno, la interlocución adecuada con el Gobierno español, la mesa de partidos vascos representativos, la implicación de todo el resto de instituciones vascas, forales y locales, políticas, culturales y económicas.

Además, con arreglo a este método rigurosamente democrático, las instituciones vascas minimizan el riesgo de que ETA u otros agentes no democráticos tutelen los procesos relacionados con la normalización política del país. Y no sólo eso: posibilitamos así que sean los ciudadanos vascos los que verifiquen, los que autentifiquen, desde la misma base de la sociedad, desde su propia vivencia, que el final de la violencia está siendo real en todas sus expresiones. Los ciudadanos vascos, sin duda, tienen todo el derecho a que nadie tutele su capacidad de decidir. Las instituciones vascas, por tanto, en su tarea de organizar la participación cívica deben garantizar a la sociedad vasca la capacidad de poder abordar el debate y la decisión sobre las propuestas de revisión, actualización, reforma o modificación de nuestro marco de convivencia sin que la acción de sujetos fácticos o no democráticos perturbe, impida o sabotee la naturaleza democrática de dichos procesos.

Es cierto que la convivencia acarrea costes. La libertad de unos está limitada por el respeto a la libertad de otros que no comparten sus identidades, creencias, opciones, miedos o expectativas. Nuestra elección siempre será por asumir dichos costes, premisa necesaria para apostar por un modelo social y nacional que se apoya en un esfuerzo de integración permanente, a través del diálogo y la práctica democrática. No creemos en el triunfo de una parte de la sociedad si ello supusiera una amenaza real para la otra.

Tenemos claro que la convivencia no será posible desde una actitud de imponer por la fuerza un sentimiento de identidad o modelos de sociedad. Son, por el contrario, el respeto y el reconocimiento mutuos las mejores pautas de conducta para mejorar la convivencia entre diferentes. No puede haber proyecto de futuro aceptable que no sea fruto de conjugar la libre adhesión o la asociación voluntaria, tanto en el seno de la propia sociedad vasca como en el marco de relación entre la sociedad vasca y sus instituciones con la sociedad española y los suyos.

Todos los actores políticos tenemos una responsabilidad trascendental en este momento. Responsabilidad que cada cual puede abordar desde su posición natural, aunque sin caer en el error de cerrarse en ella.

En nuestro caso, como mucha gente con la compartimos militancia política, amén de una sensibilidad concreta en torno al imprescindible liderazgo social e institucional reclamado en estas líneas, también nos sentimos llamados a ejercer la responsabilidad que nos corresponde desde nuestro ámbito natural. Apoyándonos en ese espacio del nacionalismo histórico e institucional del que siempre hemos formado parte, hemos protagonizado, junto con otros, importantes realizaciones que han ayudado al progreso del país en el terreno político, cultural, social y económico. La afirmación de los valores fundacionales de EA nos enorgullece hoy más que nunca ya que entendemos que el nacimiento de nuestro partido -que este año cumple 20 años- supuso un empuje regeneracionista que ha definido con mayor claridad la pluralidad en el seno del nacionalismo y ha ayudado a ensanchar su arraigo social.

Desde esta posición, sin atrincheramientos partidistas ni renuncias ideológicas, queremos corresponder a la responsabilidad que nos atañe con una actitud de cooperación permanente a la hora de iniciar en este país un nuevo proceso instituyente, que deberá configurarse como un proceso plenamente democrático.