MADRID. Los gestores de Endesa propusieron a E.ON comprar algo menos del 25% de la eléctrica española en el mercado con el objetivo de frenar la oferta de compra de Gas Natural, pero el grupo energético alemán se decantó por lanzar una opa sobre el 100% de la compañía. Lo desveló ayer el periódico El País, y, si llegara a probarse, este comportamiento supondría una infracción a la ley de opas. Los administradores de una compañía sujeto de oferta pública de adquisición pueden, e incluso es su obligación, «instar» otras proposiciones, pero no les está permitido obstaculizar la operación en curso.

La diferencia es sutil, pero la finalidad de la norma es la defensa del interés de los accionistas minoritarios. Si de la actuación de los dirigentes deriva una opa competidora, el precio sube y se benefician todos. En cambio, cuando se persigue la obstrucción de la operación en curso, los favorecidos son, en última instancia, los actuales gestores de la compañía, que tienen más probabilidades de seguir en sus puestos.

La pretensión inicial de Endesa era que el gigante alemán comprase un paquete importante de la compañía, pero sin superar el 25% que le hubiera obligado a lanzar una oferta generalizada, asegura el diario. Con esa cuota de capital, sumada al 9% en poder de Caja Madrid, se formaría una minoría de bloqueo suficiente para impedir el éxito de la opa de Gas Natural, lanzada con el objetivo de captar el 75%.

E.ON fue tanteada, al igual que otros grupos, para actuar como caballero blanco o aliado de Endesa para hacer frente a la opa hostil. Rafael Miranda, consejero delegado de la eléctrica española y bien relacionado con otras compañías del sector a través de la agrupación Eurolectric, desarrolló personalmente esta actividad.

Posición delicada

La respuesta final obtenida de E.ON puede considerarse sólo parcialmente satisfactoria. Que el grupo energético alemán se decidiera a ir a por todas y lanzar una opa sobre el 100% de la eléctrica española colocó a los administradores de Endesa en una posición bastante más delicada. Entre otras cosas, porque E.ON es extranjera -y el presidente de la eléctrica española diseñó una estrategia de defensa territorial- y porque ella misma está blindada: si alguien pretende adquirirla está obligado a vender sus activos de gas, que contribuyen con dos terceras partes a la facturación del grupo.

Por el momento, la valoración inicial que el consejo de administración de Endesa ha realizado sobre la oferta alemana ha sido muy medida. Han reconocido el aumento del precio y el compromiso expresado por E.ON de que no necesita vender activos, para añadir que «Endesa vale más». Y el presidente de la eléctrica, Manuel Pizarro, animó a los accionistas en la junta del pasado sábado a seguir su ejemplo y permanecer en la sociedad sin acudir a ninguna de las opas anunciadas o en curso.

Interés público protegible

Mientras tanto, el Gobierno se apresta a aplicar a la propuesta de E.ON la nueva regulación acordada el pasado viernes en Consejo de Ministros. La disposición, aprobada por real decreto, amplía las competencias de la Comisión Nacional de la Energía, y abre camino a un veto bajo el amparo de la «protección del interés general en el sector energético definido por el Gobierno y, en particular, por la garantía de un adecuado mantenimiento de los objetivos de política sectorial, con especial afección a activos considerados estratégicos».

Así, la CNE, que hasta ahora sólo tenía derecho de veto o facultad para condicionar una operación cuando la promotora era una empresa española con actividad en el sector regulado de la distribución y su adquisición podía comprometer las inversiones necesarias para el suministro energético, ha visto muy ampliadas sus facultades, con poder para autorizar o no la compra. COLPISA