Hoy se cumple un cuarto de siglo del episodio político más vergonzoso desde la restauración del sistema democrático: el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, con el secuestro por un puñado de guardias civiles, comandados por el teniente coronel Tejero, del conjunto de los diputados y de todos los miembros del Gobierno.

Aquel intento involucionista que, desde luego, no favoreció en absoluto la proyección de la imagen exterior del país ni contribuyó a la superación de la imagen de una España anacrónica, tuvo sin embargo el efecto de 'vacunar' definitivamente a la sociedad española contra tentaciones autoritarias de índole similar. El rechazo social a aquella intentona militar fue tan frontal y masivo que la posibilidad de que se repitiera algo semejante desapareció por completo. El 23-F tuvo, asimismo, otros efectos colaterales igualmente benéficos: en primer lugar, la rotunda oposición de la Corona a los golpistas y su defensa del Estado de Derecho y del sistema democrático, permitió el afianzamiento institucional de la Monarquía. En segundo lugar, el repudio masivo a los promotores del golpe desacreditó a la extrema derecha, que ya no encontró desde entonces el medio de regenerarse y de constituirse en una verdadera fuerza política organizada.

Hoy, los ciudadanos tienen como referencia política e institucional una democracia plenamente estabilizada en la que no existe margen para sobresaltos de aquella naturaleza. No obstante, la necesidad de fortalecer los fundamentos del sistema democrático constituye un requerimiento indispensable para moderar la excesiva crispación política, las tensiones innecesarias y la confrontación sistemática, porque su perpetuación debilita innecesariamente el modelo de convivencia y colisiona con el interés común de la ciudadanía.