WASHINGTON. DV. La batalla legal planteada por los abogados del confeso reo Michael Morales, condenado a la pena capital por un brutal crimen, ha conseguido trabar temporalmente la maquinaria de la inyección letal en California al plantear dudas sobre el sufrimiento asociado con el supuestamente aséptico y fulminante método de la ejecución.

Al no lograrse la asistencia de dos anestesistas y descartarse también el empleo de métodos nuevos como una sobredosis de barbitúrico, las autoridades de California han decidido suspender de forma indefinida el ajusticiamiento del hispano Morales, que robó, violó y asesinó a una joven de 17 años hace ya un cuarto de siglo.

Esta decisión administrativa supone que la materialización de la pena capital se retrasará, por lo menos durante varios meses, mientras la jurisdicción federal realiza un examen sobre la constitucionalidad de los procedimientos de ejecución de California, que en 1996 pasó de la cámara de gas a la triple inyección letal. A pesar de la popularidad de este método de ajusticiamiento dentro del sistema penal de Estados Unidos, los abogados de Morales argumentan que la inyección, al utilizar un fármaco prohibido para uso veterinario por sus efectos dolorosos, contraviene la octava enmienda constitucional que explícitamente prohíbe «castigos crueles e inusuales».

Furor entre opositores

Todo este furor se materializó hace una semana cuando el juez federal Jeremy Fogel admitió la posibilidad de que la triple inyección letal -sodio pentotal como sedante, el paralizante bromuro de pancuronio y cloruro de potasio para detener el corazón- pudiese enmascarar, en lugar de eliminar por completo, el dolor de un reo durante su ejecución. Ofreciendo como posibles soluciones la participación de anestesistas en el procedimiento o utilizar una sobredosis de barbitúricos administrado por un profesional sanitario con licencia y presente en la sala de ejecución.

Reparos deontológicos

Tras no lograr la cooperación de dos anestesistas por reparos deontológicos, las autoridades de la prisión de San Quintín han contemplado durante un día la posibilidad de utilizar como método de ejecución cinco gramos de sodio pentotal. Pero ante el cúmulo de dificultades y la evidencia de que esos cambios podrían alargar la ejecución de Michael Morales hasta tres cuartos de hora en lugar de los diez minutos habituales, al final se ha impuesto la opción de suspender el ajusticiamiento y no improvisar sobre la marcha.

Este caso de California se produce dentro de una oleada de retos judiciales en Estados Unidos sobre la constitucionalidad de la inyección letal, un método que fue adoptado por primera vez por Oklahoma en 1977.