SAN SEBASTIÁN. DV. La Cámara de la Propiedad Urbana Guipúzcoa presentó ayer su anunciado recurso de nulidad contencioso-administrativo, contra el decreto del Gobierno Vasco que determina la disolución de estas entidades. Asimismo, la Cámara de la Propiedad presentó las firmas de 8.000 guipuzcoanos en contra del citado decreto, que considera «anticonstitucional», ya que la Carta Magna «reconoce el derecho a la propiedad privada y protege a los particulares frente a las extralimitaciones del Estado».

La Cámara de la Propiedad puso de relieve también que el artículo segundo del decreto de la Consejería de Vivienda dispone que se integrarán en la Administración vasca los empleados de las cámaras que fueran fijos el 5 de noviembre de 2002, lo que significa, según esta institución, dejar en la calle al 10% de la plantilla. Y advierte que la redacción del decreto es «contradictoria y errónea», ya que «no existe ningún artículo que decrete ni la liquidación, ni la interrupción de la liquidación, ni la disolución de las cámaras, al considerarlas, equivocadamente, ya liquidadas».