Los ayuntamientos vascos empeoraron su situación económica entre 1999 y 2003, debido a que el incremento de los ingresos corrientes, junto con el descenso de la carga financiera no han podido compensar el aumento de los gastos.

Así figura en el informe que ha hecho público el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas correspondiente al ejercicio 2003, aprobado por unanimidad.

Se han analizado las cuentas de 243 de los 250 ayuntamientos y de 50 de las 61 entidades supramunicipales. Los ayuntamientos de Izurtza, Ondarroa, Armiñón, Harana, Meñaka y Berantevilla no han rendido cuentas ante el TVCP de forma reiterada.

El informe pone de manifiesto el incremento de la inversión neta en el 2003 con respecto al ejercicio anterior, que ha supuesto en términos globales un 11,78%, para cuya financiación se han obtenido subvenciones por el 24,64% del total.

El incremento del gasto total por habitante ha sido del 10,66%, respecto del producido en el ejercicio 2002, porcentaje muy superior a la inflación, 2,6% para el País Vasco.

Mas cerca de la inflación se sitúa el incremento de la presión fiscal, que fue del 2,76%. La presión fiscal fue de 409 euros por por habitante.

Donostia, entre los más endeudados
El endeudamiento municipal obtenido de los datos aportados por los ayuntamientos ascendía a 31 de diciembre de 2003 a 536 millones de euros, lo que supone 255 euros por habitante, menos que los 281 del año 2002.

Destaca el alto nivel de endeudamiento por habitante de los ayuntamientos de Getxo y San Sebastián.

Existen significativas diferencias entre los territorios, ya que en los municipios de Alava la deuda es de 10 euros por habitante, en Vizcaya de 50 euros por habitante y en Gipuzkoa de 69 euros por habitante.

El endeudamiento correspondiente a las entidades supramunicipales es de 455 millones de euros, de los cuales el 89% es titularidad del Consorcio de Transportes de Vizcaya y se destina a la construcción del Metro de Bilbao.

El Tribunal Vasco de Cuentas indica en su informe que el coste de los servicios que prestan estas entidades, a excepción del suministro de agua y saneamiento, transporte y aprovechamientos forestales, se financia principalmente mediante subvenciones corrientes.

El Tribunal recomienda que para mejorar la gestión debiera realizarse un análisis del coste de los servicios y repercutirse en forma de precios a los entes asociados.

Esta actuación posibilitaría establecer el nivel de eficiencia de los servicios, a partir de los déficit o superávit que generan.