El Gobierno vasco considera que el derecho de autodeterminación "no es negociable" y que, según la Carta de las Naciones Unidas, "es un derecho que todo pueblo posee y su negación implica negar la propia existencia de todos los pueblos" y de Euskadi. La presidencia del Gobierno vasco ha comentado así, en un comunicado, la intervención del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ayer en el Congreso, donde dijo que no negociará con ETA el derecho de autodeterminación porque "es un derecho que no existe en el ordenamiento constitucional español".

Para el ejecutivo autónomo, "es evidente que las cuestiones políticas deben ser negociadas única y exclusivamente por los agentes políticos y posteriormente deben de ser refrendadas por la ciudadanía. En el caso del contencioso político vasco a quien corresponde negociar y decidir es a los partidos políticos y a la sociedad vasca". El derecho de autodeterminación, considera el Gobierno vasco, "es un derecho democrático relativo a la facultad que tienen los pueblos para elegir su destino, tal y como lo recogen la Carta de las Naciones Unidas y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU".

Este artículo dice que "Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural". Para el Ejecutivo vasco, "este derecho no es negociable, es un derecho que todo pueblo posee, y su negación implica negar la propia existencia de los pueblos en general, y de Euskadi en particular, al mismo tiempo que niega el principio establecido por Naciones Unidas"

Según la nota, "en la Europa democrática hay ejemplos más que suficientes de cómo se ha ejercitado este derecho universal, respetando siempre la decisión democrática de los ciudadanos. Lo que se debe pactar es el ejercicio de este derecho, por medio del diálogo y el acuerdo entre las formaciones políticas. En este sentido, el Gobierno vasco ha advertido de que "no será posible alcanzar un acuerdo de normalización política si no se alcanza asimismo un acuerdo sobre el derecho a decidir de Euskadi".

"Esta es la cuestión -el contencioso político- que está pendiente desde la abolición foral de 1839, desligado y muy anterior, por tanto, de la horrorosa e inhumana violencia de ETA", concluye el Ejecutivo vasco.