MADRID. El Gobierno tendrá en cuenta a las víctimas del terrorismo, pero su opinión no va a condicionar el trabajo para abrir un proceso de paz. El secretario de Estado de Comunicación sostuvo que el Ejecutivo «no puede dejar» de intentar lograr el final de la violencia y rastrear las posibilidades existentes porque las víctimas estén en desacuerdo con el diálogo con ETA y exijan su rendición.

Lo primero de todo es «el interés general», afirmó Fernando Moraleda. El Gobierno, garantizó, «va a respetar» las opiniones de las víctimas del terrorismo por más desfavorables que sean a la estrategia gubernamental, pero sus criterios no van a ser una rémora para «explorar las posibilidades de paz» porque es un anhelo social mayoritario. Unas palabras en línea con la tesis expuesta por José Luis Rodríguez Zapatero, quien apuntó el pasado domingo que «humanamente» comprendía a las víctimas, pero su «responsabilidad como presidente del Gobierno es terminar con la violencia».

El jefe del Ejecutivo y otros miembros de su gabinete han afirmado que es una equivocación enfocar el final de la violencia a través de la dialéctica de vencedores y vencidos, como plantean el PP y la mayoría de las organizaciones de víctimas, porque, en palabras de Rodríguez Zapatero, lo que tiene que «vencer es la libertad, la justicia, la democracia y la paz». Una opinión similar tiene la vicepresidenta primera, quien manifestó que el debate «no debe plantearse» en términos de ganadores y perdedores.

Escollo importante

Fuentes gubernamentales reconocen que la postura de las víctimas será uno de los principales escollos si es que ETA anuncia el abandono definitivo de las armas y se abre un proceso de paz porque su exigencia de que haya «una rendición» y «unos vencidos» no facilitará la labor gubernamental. Con el agravante, agregan las fuentes, de que sus opiniones tienen un amplio eco social y el respaldo del PP. El Gobierno espera, no obstante, que la actitud beligerante de las víctimas se module si la organización terrorista anuncia el cese definitivo de la violencia, pero si no es así, la 'hoja de ruta' de Rodríguez Zapatero se aplicará sin variaciones.

Las fuentes consultadas subrayaron el hecho de que en la anterior tregua de ETA, en 1998, las víctimas no contaban con la organización y los medios que tienen ahora, su voz tenía menor repercusión ciudadana y se encontraban, además, en sintonía con el Gobierno de José María Aznar, cuya actuación en aquel alto el fuego nunca fue puesta en tela de juicio. Al revés que ahora, que son grupos con infraestructura, su opinión tiene un especial relieve y están en desacuerdo con la estrategia de Rodríguez Zapatero. De hecho, han convocado una manifestación para este sábado para rechazar la política antiterrorista gubernamental.

El secretario de Comunicación se abstuvo de pedir a este colectivo un respaldo al Gobierno, pero en declaraciones a RNE reclamó que se comporte como el PSOE cuando Aznar tuvo que gestionar la tregua de hace ocho años, cuando recibió «el apoyo» del partido opositor. «¿Por qué -preguntó- el PP no hace ahora lo mismo?»

Alfredo Pérez Rubalcaba, a su vez, dibujó un panorama alentador de la situación de ETA. «Está mal -dijo- y, por tanto, es previsible que pueda dar un paso hacia delante, que podamos ver la luz al final del túnel». El dirigente del PSOE afirmó que hay dos «realidades objetivas» que avalan el optimismo: los terroristas «están muy débiles», y aunque pueden matar «no les interesa»; y, por otra parte, Batasuna ejerce «una presión sobre ETA» porque quiere «entrar en la vida política».

El portavoz socialista en el Congreso lamentó también la estrategia de «vacunación» del PP para rechazar un hipotético alto el fuego definitivo. Rubalcaba denunció que los populares «están colocando encima de la mesa hechos» como la presencia de EHAK en el Parlamento Vasco, el cese del fiscal Fungairiño o el congreso de Batasuna, para que si ETA anuncia el abandono de la violencia, puedan decir al Gobierno «qué precio político has pagado por eso». COLPISA