MADRID. La Fiscalía de la Audiencia Nacional pretende aplicar lo antes posible el nuevo sistema de cómputo de beneficios penitenciarios establecido el pasado lunes por el Tribunal Supremo -que obligará al etarra Henri Parot a cumplir de forma íntegra la condena de 30 años de cárcel, el máximo que permite la ley- a fin de evitar el mayor número posible de excarcelaciones de miembros de ETA históricos.

El Ministerio Fiscal, no obstante, no conocerá el efecto concreto que la nueva doctrina del alto tribunal puede tener sobre los 184 etarras que cumplen condena hasta que pueda analizar lo dispuesto por el Supremo en la resolución del recurso del ex jefe del comando itinerante de ETA, según confirmó el fiscal jefe en funciones, Jesús Santos.

La lectura de la novedosa sentencia y de todos sus argumentos jurídicos es fundamental para saber si el nuevo sistema de cálculo -que conduce al cumplimiento íntegro de las condenas- es aplicable a todos estos presos. También determinará si es posible revisar la aplicación de los beneficios penitenciarios desde que ingresaron en prisión o sólo por el tiempo de condena que les resta por cumplir, y si la doctrina puede extenderse a los etarras en libertad condicional.

La que empieza a ser denominada como 'doctrina Parot', que se conocerá en su integridad cuando se notifique la sentencia, mantiene que a los presos condenados por múltiples delitos con el Código Penal de 1973 -por hechos anteriores a 1995- no hay que calcularles los beneficios penitenciarios sobre los 30 años de estancia máxima en prisión, como ocurría hasta ahora, sino que las redenciones deben descontarse sobre la totalidad de sus penas, tomadas una por una, de forma sucesiva y de mayor a menor.

Hasta ahora, este tipo de reclusos salía de la cárcel con su condena cumplida tras pasar en prisión entre 18 y 20 años, gracias a que redimía por trabajo o estudios entre 10 y 12 años de cárcel, que se restaban de los 30 en los que se habían acumulado todas sus penas. Con la 'doctrina Parot', el recluso que tenga sus decenas, cientos o miles de años de condena acumulados en una pena de 30 años, caso de la mayor parte de los etarras históricos, cumplirá la pena máxima (30 años) de forma íntegra.

Jesús Santos indicó que sin conocer la letra pequeña de la sentencia del Supremo es difícil saber si podrá intentar retrasar la salida de prisión de los 184 etarras condenados por el Có digo Penal, pero lo que sí tiene claro es que, tras conocer la resolución, su departamento analizará uno a uno los expedientes de los miembros de ETA históricos, verá hasta dónde es aplicable a cada recluso la 'doctrina Parot' e instará al tribunal correspondiente de la Audiencia Nacional para que revise la liquidación de su condena a la vista del nuevo sistema. El tribunal competente para cada revisión será la sección de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que dictó la última de las condenas contra el etarra.

Santos tiene claro que, además de intentar revisar todos los casos que le sea posible, centrará sus primeros esfuerzos en tratar de paralizar las excarcelaciones de etarras que están más próximas en el tiempo. Incluso, y si es preciso, comentó que su departamento intentará que la autorización de las salidas de prisión inminentes queden en suspenso hasta que el tribunal pueda comprobar si el cambio de doctrina afecta al tiempo de estancia en prisión.

Sala de lo Penal

La fiscalía no es el único departamento de la Audiencia Nacional que espera a la notificación de la sentencia del Supremo para intentar revisar la situación penitenciaria de estos 184 presos. Fuentes judiciales informaron de que el presidente de la Sala de lo Penal, Javier Gómez Bermúdez, analizará la sentencia en cuanto le sea notificada. La resolución podría ser discutida en un pleno no jurisdiccional, en el que los magistrados de todas las secciones fijarían, a la vista de la nueva doctrina del Supremo, el alcance concreto de la revisión de condenas y las pautas para aplicarla. Santos y Gómez Bermúdez mantuvieron ayer un cambio de impresiones preliminar sobre este proceso, en el que ambos tendrán un importante protagonismo, aunque la Audiencia Nacional no iniciará revisión judicial alguna hasta que se conozca la resolución del alto tribunal

En declaraciones a Tele 5, Gómez Bermúdez señaló que Parot recurrirá al Tribunal Constitucional en amparo, porque ha visto afectado su derecho a la libertad. «Otra cosa es que lo gane -explicó-, porque se trata de una diferente aplicación de la ley, no de una aplicación retroactiva de la ley». «Las interpretaciones se modifican, por el tiempo y porque a veces los jueces nos equivocamos», añadió.

Para defender que la doctrina se haya modificado al estudiar el caso de Henri Parot, Gómez Bermúdez insistió en que «se trata de tratar desigualmente situaciones desiguales» y se mostró convencido de que «era un contrasentido que una persona que delinque teniendo el amparo de una organización criminal, que le facilita los medios», se beneficiara precisamente de eso, en detrimento del delincuente social. COLPISA