BILBAO. DV. Los empresarios vascos viven con una creciente inquietud a cuestas que no deja de resultar paradójica. Mientras a su alrededor se desatan las expectativas sobre un hipotético final de la violencia de ETA a corto plazo, ellos se han convertido en el colectivo más castigado por la banda, que esta misma semana atentaba en apenas 48 horas contra sus intereses en Urdax y Trapagaran, y que ha intensificado sus campañas de extorsión hasta niveles «sin precedentes», según fuentes de la lucha antiterrorista. Los profesionales chantajeados rumian el temor a que se repita el precedente de 1998 y 1999, cuando la dirección etarra suspendió durante 16 meses las acciones armadas contra todos sus potenciales objetivos, pero mantuvo activas las redes de abastecimiento de dinero a través del cobro del denominado 'impuesto revolucionario'. Y han optado por pedir al Gobierno socialista y a los partidos que no den por válido ningún alto el fuego que no incluya la supresión real de la extorsión.

Los empresarios, amparados en sus distintas organizaciones asociativas, llevan meses trasladando su zozobra a sus interlocutores políticos, preocupados porque la sociedad no visualice su «sinvivir» y asuma una paz con zonas oscuras en las que persista la amenaza y el chantaje económico. La patronal vasca, Confebask, y su división alavesa -el SEA- han transmitido al Ejecutivo de Zapatero el sentir de los colectivos a los que representan, cuya custodia constituye hoy por hoy una prioridad tanto para las Fuerzas de Seguridad del Estado como para el Departamento de Interior dirigido por Javier Balza. Una actitud que ha ido acompañada de mensajes de tranquilidad por parte de los partidos y que tuvieron su última expresión el viernes, cuando el secretario de Organización del PSOE, José Blanco, garantizó al Círculo de Empresarios que una declaración de cese de la violencia sólo tendrá verosimilitud para el Gobierno si supone también el punto y final de la extorsión.

En esa comida, el presidente de la asociación empresarial, Alejandro Echevarría, leyó ante su invitado el comunicado de condena del «inadmisible» atentado perpetrado la víspera por ETA en Trapagaran; una nota en la que se evidenciaba el contraste existente entre «el clima de esperanza social por un deseado escenario sin violencia» y las coacciones que continúan padeciendo los industriales, con el riesgo de que se perpetúen. Entre finales del pasado mes de junio y principios de julio, el Círculo y también Confebask hicieron partícipe de su inquietud a Josu Jon Imaz, quien prometió a unos y otros que una de las 'pruebas del algodón' a las que someterá a cualquier pronunciamiento de distensión de los terroristas, para verificar su credibilidad, será la renuncia a seguir exigiendo el 'impuesto revolucionario'.

Sector sensible

Para entonces, la nueva dirección jeltzale ya había escenificado su respaldo público a los empresarios, en un gesto cuya solemnidad no tenía precedentes en su trayectoria de los últimos años y que luego se ha visto reforzado por otras declaraciones, con las que el PNV ha pretendido subrayar la gravedad de los ataques que se iban sucediendo. El chantaje a los profesionales repercute en un sector muy sensible de la militancia del partido, que no oculta su preocupación añadida por las «prácticas mafiosas» que afectan a sus cargos y a pequeños y medianos empresarios en Gipuzkoa.

Aunque la estructura de recaudación de ETA quedó paralizada durante casi un año, tras la detención en Francia el 2 de octubre de 2004 de Mikel Antza y Anboto, su engranaje está funcionando con una intensidad «sin precedentes», tanto por el volumen de las coacciones como su extensión a capas cada vez más amplias y modestas del entramado empresarial. Con un añadido: según han denunciado los propios afectados, la banda les sigue enviando a ellos las cartas amenazadoras, pero de un tiempo a esta parte las acompaña, ante la resistencia al pago que encuentra, de otras remesas de misivas dirigidas a mujeres, hijos o hermanos, lo que extiende el temor en círculos concéntricos.

Los medios de la lucha antiterrorista sostienen que, ahora, el 'impuesto revolucionario' supone el 90% de la financiación de ETA, mermada por la persecución judicial y policial y forzada a recomponerse tras el desalojo de la izquierda abertzale de las instituciones. La intensificación de las campañas de extorsión se atribuye a la pura necesidad de la banda de sobrevivir en el día a día, aunque las fuentes políticas consultadas creen que se está intentando garantizar el futuro de sus militantes ante un posible cese de la violencia.