MADRID 18/02/2006

(...) Nadie puede negar a un Estado agredido y amenazado por el terrorismo el legítimo derecho a reforzar sus instituciones y sus leyes para defenderse, pero otra cosa es que unas y otras desaparezcan sepultadas por la invocación de una seguridad nacional cuya protección se presenta artificialmente como un objetivo incompatible con el Estado de Derecho. Semejante razonamiento no es admisible porque enfrenta valores -legalidad y seguridad- que, lejos de ser incompatibles, son los que, armonizados, caracterizan a una democracia bien organizada en torno a las libertades y los derechos individuales (...)».