TENERIFE. Celso Perdomo, ex director general de Industria del Gobierno de Canarias, y Mónica Quintana, funcionaria del Cabildo de Gran Canaria y pareja del primero, ingresaron ayer en prisión acusados de delitos de corrupción. Así lo decretó el juez que investiga el denominado caso de la trama eólica, en el que de momento hay otros cinco imputados: otro funcionario de la Dirección General de Industria, Honorato López; un alto cargo de la Caja de Canarias, Jesús González; y tres empresarios. De estos últimos sólo uno, Wilebaldo Luis Yánez, quedó en libertad sin fianza, pero con cargos. Los otros dos, Alfredo Briganti Arencibia y Enrique Guzmán, tuvieron que depositar fianzas que oscilan entre los 100.000 y 150.000 euros.

El ex alto cargo del Gobierno, que es miembro del PP y ha sido suspendido de militancia, está detenido desde la semana pasada y hasta ahora se ha negado a declarar de las acusaciones de cohecho, malversación de fondos públicos, tráfico de influencias y facilitar información privilegiada, mientras que el juez del Tribunal Superior de Justicia de Canarias atribuye a su pareja los delitos de cohecho y malversación de fondos públicos. El juez encargado del asunto, Miguel Ángel Parramón, averigua qué responsabilidades tiene cada uno en las irregularidades detectadas en la convocatoria de un concurso público de energía eólica. COLPISA