VITORIA. DV. Unas mil personas que padecieron privación de libertad durante la Guerra Civil o la Dictadura de Franco y no pudieron acceder al programa de compensación económica del Gobierno Vasco por no presentar la documentación a tiempo, por no haber tenido conocimiento de las ayudas, o por haber estado privado de libertad en los llamados Batallones Disciplinarios de Soldados Trabajadores, podrán optar a las ayudas recogidas en el nuevo decreto aprobado ayer en el Consejo de Gobierno.

Y es que a diferencia del decreto aprobado en 2002, el nuevo texto reconoce como privación de libertad la permanencia en los batallones disciplinarios, lo que en tiempos de Franco se consideraba como servicio militar, circunstancia que ha impedido que muchos de los afectados pudieran recibir compensación económica como víctimas del franquismo, ya que tanto el Gobierno central como el vasco no contaban ese tiempo como privación de libertad. Esta discusión entre los historiadores y las administraciones públicas quedó zanjada a raíz de que el Tribunal Constitucional equiparara la cárcel con los batallones disciplinarios.

El consejero de Vivienda y Asuntos Sociales, Javier Madrazo, adelantó que ya ha iniciado la revisión de todos los expedientes que obran en su poder para adecuar las ayudas ya concedidas a esta nueva consideración, con el fin de incrementar la compensación lo que corresponda.

El nuevo decreto permitirá también tramitar las solicitudes presentadas fuera de plazo, en total 249, y otras nuevas que pudieran presentar personas que en su día no lo hicieron y que en 2002 cumplieran las condiciones contempladas en el primer decreto.

Tal y como recoge el nuevo decreto, en el caso de las que se tramiten por primera vez sólo podrán presentarlas quienes tuvieran 65 años cumplidos el día de entrada en vigor del primer decreto, el 29 de noviembre de 2002, que hubieran vivido al menos un año en un municipio vasco y que probaran una privación de libertad no inferior a seis meses.

Diez millones

Para hacer frente a estas nuevas ayudas, el Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales ha presupuestado 10,2 millones de euros, 3 millones para el pago de compensaciones por solicitudes nuevas o presentadas fuera de plazo y el resto para cubrir los pagos derivados de la revocación de expedientes que ya incluían privación de libertad en batallones disciplinarios, privación que en su día no fue compensada.

A día de hoy, el Gobierno Vasco ha abonado un total de 3.174 solicitudes, con compensaciones que oscilan entre un mínimo de 7.200 euros y un máximo de 9.600, lo que ha supuesto un desembolso de 25,6 millones de euros.

Desde que en 2002, el departamento de Vivienda y Asuntos Sociales aprobara el primer decreto, no han cesado las quejas y las críticas de las víctimas por la gestión y la tramitación de estas ayudas que requería que los afectados acreditaran de forma documental que habían estado privados de libertad, con la dificultad añadida de que mucha de esta información estaba en archivos del Estado.

Madrazo, recordó ayer que seis historiadores de la sociedad Aranzadi trabajan para encontrar las pruebas y la documentación necesaria para acreditar la condición de víctimas del franquismo. «Estamos haciendo el trabajo que debería hacer el Estado porque son de su competencia, pero debido a que dichos archivos están hechos un desastre porque no están informatizados ni tienen personal no queremos que quienes paguen el pato sean los luchadores por la libertad», indicó el consejero.