La solemne comparecencia del presidente Zapatero tras el Consejo de Ministros del pasado viernes, pronosticando el principio del fin de ETA, reviste de una extraordinaria importancia política. En un Madrid enfangado entre rumores e insidias, la puesta en escena del presidente parece dar el banderazo de salida a un proceso que se intuye difícil y problemático. Su compromiso en este asunto y su llamamiento a la responsabilidad al PP denotan una clara apuesta del jefe del Ejecutivo por afrontar lo que se percibe, quizá, como la última oportunidad histórica para intentar resolver un auténtico anacronismo. El emplazamiento al PP para que no utilice políticamente esta cuestión revela la inquietud del Gobierno, pero también su disposición a llevar adelante su estrategia aunque sea en solitario. Un camino nada fácil porque la oposición ya exhibe cuáles son las banderas sensibles que pueden complicar el margen de maniobra de Zapatero ante ciertos sectores de la opinión pública.

La cuenta atrás para que llegue una declaración de ETA ya ha comenzado entre dudas, una considerable dosis de escepticismo y una cauta esperanza. La posibilidad de un final a corto plazo de la violencia ha recrudecido una batalla política por el poder en España entre el centro-izquierda y el centro-derecha que se arrastra ya desde las últimas elecciones, lastradas por el estigma de los atentados del 11-M. Una vez cristalice el abandono de la violencia de forma creíble -en las condiciones que establece el Pacto de Ajuria Enea y la resolución aprobada por el Congreso de los Diputados- el presidente del Gobierno tendría que comparecer en la Cámara para ofrecer una declaración con la que daría por iniciado un proceso de paz que será, como él mismo dice, «largo, duro y difícil».

Uno de los temas más complejos en una eventual mesa de diálogo entre ETA y el Gobierno será la cuestión de los presos. Hay que encuadrar la última polémica por el 'caso Parot' y su hipotética excarcelación una vez cumplidos 20 años de su condena -si no recibe nuevas imputaciones- en el contexto de este pulso de poder. El PP se ha lanzado en tromba con un asunto que puede hacer daño al Ejecutivo del PSOE y que toca el nervio sensible de las víctimas del terrorismo. Una generación de los presos condenados por delitos de terrorismo, algunos por atentados bien sanguinarios, puede estar en los próximos tiempos en la calle en aplicación de la legalidad. El asunto podrá ser socialmente discutible e irritar en la opinión pública. Por eso es susceptible de que se utilice como una pieza de desgaste político en un eventual proceso en el que la agenda de discusión con ETA en una mesa de diálogo girará en torno a determinadas decisiones que pueden adoptarse sobre la política penitenciaria en un espacio prolongado de tiempo. Porque las heridas sociales son profundas y necesitan mucho tiempo para cerrarse.

Es lógico que las víctimas directamente afectadas por el horror del terrorismo exijan el reconocimiento del daño causado. Una reparación auténtica, supone, entre otras cosas, que habrá un momento en el que el mundo de ETA tendrá que pedir perdón de alguna forma. Sabemos que esa reflexión ética no va a llegar aún. Puede incluso que tarde un tiempo, porque la autocrítica es difícil en quienes han estado justificando lo injustificable durante años. Plantea un ejercicio retrospectivo que para muchos puede ser demoledor.

Cuando se habla de no enterrar la memoria y de evitar la impunidad de cara al futuro conviene recordar también lo que ocurrió en este país hace 30 años. La paz en libertad no podrá construirse sobre el olvido, por supuesto, pero tampoco sobre el odio. La convivencia necesita ese medido y difícil equilibrio.

Tenemos en nuestra historia reciente ejemplos bien cercanos. La reconciliación de las dos Españas que se enfrentaron dramáticamente durante la Guerra Civil fue en parte una exigencia del tiempo y del propio cambio de la sociedad, alejada de los horrores que se cometieron en ambos bandos, pero con algunas cicatrices de aquel pasado homicida. La misma generación que perdió la contienda y fue después represaliada apostó en su día por la reconciliación nacional. Pero al inicio de la transición tampoco se aplicó a rajatabla el discurso de la exigencia de la memoria histórica. Había una delicada transición en juego. Parecía que para salvarla de escollos era inevitable una mirada algo indulgente respecto al pasado franquista. Los derrotados de 1936, los que sufrieron la represión de la dictadura, sabían que la convivencia exigía también esa capacidad de perdonar, de no exigir la depuración del sistema autoritario. ¿Fue amnesia, fue producto de la relación de fuerzas o fue sentido de la responsabilidad para mirar más al futuro que al pasado? Aquel dilema de ayer vuelve hoy a plantearse.