BARCELONA. El consejero de Economía y Finanzas de la Generalitat, el socialista Antoni Castells, pidió ayer que la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra, por «coherencia», se sometan al sistema tributario que comparten el resto de las comunidades autónomas y acepten el sistema de solidaridad entre las autonomías porque, a su juicio, tras el pacto en financiación entre los partidos catalanes y el PSOE, «no tiene sentido que haya comunidades exentas» en España.

La postura de Castells es la que defienden el PSC y en gran medida Iniciativa per Catalunya (ICV), mientras que hasta ahora CiU abogaba por un sistema de financiación semejante al vasco y basado en el Cupo, y ERC mantenía una posición equidistante.

Castells, que hizo estas declaraciones en una rueda de prensa en la que abordó el acuerdo de financiación incluido en la reforma del Estatuto catalán, señaló que el artículo 202.4 del texto estatutario establece que la financiación de la Generalitat «no debe implicar efectos discriminatorios para Cataluña respecto a las restantes comunidades autónomas».

Para el titular de Economía y Finanzas catalán, «este principio deberá respetar plenamente los criterios de solidaridad». En la misma línea, consideró que el Estado debe aplicar a «todas» las comunidades, «con independencia de su sistema de financiación, los mecanismos de solidaridad», porque estos instrumentos «valen para todos».

«Cambio de modelo»

Para conseguir dicho objetivo común, el consejero catalán defendió un «cambio de modelo», y aseguró que el pacto en financiación entre los partidos catalanes y el PSOE es «francamente satisfactorio» y constituye un «avance» hacia un sistema de «inspiración federal» y más equitativo para el conjunto de las comunidades. Castells puso especial énfasis en conseguir que las autonomías tengan «niveles de servicios similares por un esfuerzo fiscal similar» .

La Generalitat, dijo Castells, es partidaria de corregir «situaciones injustas sin que nadie salga perdiendo», y el Estado debe garantizar que «la aplicación de los mecanismos de nivelación no alterará, en ningún caso, la posición de Cataluña en la ordenación de rentas por cápita entre las comunidades autónomas». En este sentido, el consejero destacó que «la capacidad de financiación por habitante de la Generalitat debe equipararse gradualmente, en un plazo superior a 15 años, a la obtenida en aplicación de los sistemas de concierto y convenio vigentes en las comunidades forales».

A cambio, agregó, la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales Estado-Generalitat realizará los informes precisos para evaluar el cumplimiento de la «no discriminación» financiera de Cataluña, lo que podría contribuir a un replanteamiento de los mecanismos de solidaridad de la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra con el resto de España.

Castells cuantificó el acuerdo para Cataluña en 3.000 millones de euros adicionales. El consejero de Economía también se declaró partidario de que el nuevo sistema de financiación autonómica entre en vigor en 2007, y no en 2008 como propone el Gobierno de Zapatero. COLPISA