MADRID. El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska comunicará hoy si decreta la clausura del local de Usurbil donde, según un informe de la Guardia Civil, se reunió la cúpula de Batasuna el 19 de enero, dos días después de que el magistrado suspendiese todas las actividades políticas del partido y prohibiese el congreso que la formación iba a realizar en Barakaldo el 21 de enero.

El documento de los servicios antiterroristas del instituto armado concluye que, pese a la ilegalización por el Supremo en 2003 y a la suspensión total decretada por el juez el pasado 17 enero, «Batasuna parece mantener sus actividades orgánicas».

Dos agentes de la Guardia Civil camuflados y ubicados frente a un local de Usurbil comprobaron el 19 de enero cómo, «de forma discreta», se reunieron, entre las 16 y las 21 horas, al menos ocho de los principales líderes del partido, entre ellos el coordinador, Joseba Permach, el portavoz, Arnaldo Otegi, el jefe de prensa, Juan José Petrikorena, y los dirigentes Pernando Barrena y Rufino Etxeberria.

El informe policial, que detalla que los dirigentes abertzales llegaron y se marcharon del lugar de reunión por separado y en coches de su propiedad o de familiares, reconoce que la Guardia Civil recibió un chivatazo de lo que se preparaba, pero no pudieron utilizar cámaras fotográficas o de vídeo en la vigilancia por razones de seguridad.

Grande-Marlaska, tras conocer estos hechos por el informe policial, reunió ayer en su despacho a las acusaciones y defensas del sumario de Batasuna, para conocer su postura ante el posible cierre del local de Usurbil . El fiscal solicitó al juez, a la vista de lo ocurrido, la clausura del establecimiento durante dos años mientras que la Asociación de Víctimas del Terrorismo y la Asociación Dignidad y Justicia pidieron el cierre por cinco años.

La letrada de Batasuna Jone Goirizelaia compareció ante el juez acompañada de los responsables -presidente, tesorero y secretaria- de la Asociación Recreativa y Cultural Aitzaga, propietaria del inmueble, quienes indicaron que desconocían la existencia de la reunión porque tienen alquilado el bar a una tercera persona, según indicaron fuentes jurídicas. COLPISA