VITORIA. DV. El Gobierno Vasco entró ayer de lleno en la polémica generada por la puesta en libertad de etarras con abultadas condenas. El consejero de Justicia, Joseba Azkarraga (EA), replicó al ministro López Aguilar que es ilegal «construir» nuevas imputaciones con el único fin de evitar la excarcelación de presos de ETA.

Un día después de que el director de Derechos Humanos del Gobierno Vasco, Jon Landa, viera «legal» la excarcelación de Henri Parot por acumulación de penas, el consejero de Justicia aseguró que «el Gobierno socialista, a través de su ministro de Justicia, lo que vino a demostrar es que le han temblado las piernas, que ante la presión que ha venido sufriendo fundamentalmente por el cese de Fungairiño, se ve condicionado a dar otros pasos en sentido contrario».

Para Azkarraga, «cuando se retuerce de esta forma la ley se va contra la garantía de los derechos que deben asistir a todas las personas, también a las que se encuentran en prisión». «Algunos impulsos políticos que subyacen en algunas decisiones judiciales no son una casualidad. Son fruto de que el PP ha encontrado cobijo en algunas instancias como el propio Consejo General del Poder Judicial o, incluso, sectores de la propia Audiencia Nacional», dijo.

Lo «peor» para la Justicia sería a su juicio el que se mueva por «impulsos políticos», ya que «la resolución de un proceso de paz exige esfuerzos de todos, también de los jueces, que deben tener un papel fundamental y no pueden mantenerse al margen ni ser un obstáculo». Llegados a este punto lamentó la diferente actuación que mantiene hoy en día la Audiencia Nacional respecto a la que protagonizó a principios de los ochenta con los procesos de disolución de ETA-PM y otras organizaciones terroristas.

Pese a todo, dijo mantener un «constructivo optimismo» ante un proceso de paz, aunque no ocultó que «va a haber muchos inconvenientes». Uno de ellos sería comprobar hasta qué punto el Partido Socialista y, especialmente, el presidente Zapatero, «están dispuesto a mantener el tipo».

Tras considerar que el PSOE comete un «error» al dejar la reinserción de los presos en manos de sus víctimas, se centró en otros aspectos como las dos mesas que se deben constituir en su opinión para avanzar hacia la paz, siempre que haya una tregua previa de ETA. Defendió que la formada por los partidos, al margen de la de ETA y el Estado, debe debatir sobre la autodeterminación. Preguntado por el nuevo Consejo Político, dijo que no se ha hablado sobre la posibilidad de actuar como interlocutor ante ETA porque no es un foro que pueda «ofrecer algo» a los terroristas.

«Igual para todos»

Igualmente críticos fueron el consejero de Interior y la portavoz del Gobierno Vasco, ambos del PNV. Javier Balza advirtió que se corre el peligro de «romper el sistema de garantías penales». «No me vale que la vicepresidenta del Gobierno hable de que se aprecian los pasos de ETA y que el ministro de Justicia diga que se impone la cadena perpetua. Si estamos tratando de cubrir todos los sofás estamos muy mal», criticó, si bien añadió que él no es pesimista sobre el final del terrorismo. Miren Azkarate apuntó, por su parte, que la Justicia tiene que ser «igual para todos».