Cuando al profesor Robert Barro (hoy en la Universidad de Harvard) se le ocurrió en los años setenta sumar la tasa de paro y la de inflación nació el misery index, algo así como un índice de malestar económico, que desde entonces se ha hecho muy popular. Pues bien, las últimas noticias del INE y del Ministerio de Trabajo fueron que el índice de malestar en España había aumentado de forma alarmante porque el IPC acabó en enero en un 4,2 % interanual y el desempleo ha crecido en casi 70.000 personas durante el mismo mes.

Los expertos predicen para este año una desaceleración del IPC después del primer trimestre, y con respecto al paro no hay que olvidar que todos los meses de enero se produce un rebote de la desocupación tras la campaña de Navidad. No hay que ser, pues, catastrofistas. Pero sí cautos. Es necesaria ahora la cautela, no sólo por la falta de acción que exhibe el Gobierno, sino porque -aunque no desastrosas- las cifras en sí mismas están encendiendo luces rojas de alarma en nuestra economía que sería absurdo ignorar. Es cierto que el último dato del IPC será probablemente sólo un pico, y también lo es que los meses de enero son anómalos en cuanto a los mercados laborales, incluso que, en conjunto, 2005 fue un buen año para el trabajo con una reducción sustancial del paro. Pero no debería olvidarse que aunque la velocidad de crecimiento del IPC descienda en el último tramo del año, el incremento anual se cree que estará muy por encima de las previsiones del Ejecutivo; y, lo que es peor, muy por encima de la media europea. Con respecto al paro, basta recordar que es el cuarto mes en el que aumenta la tasa de desempleo, tendencia que ya empieza a preocupar a muchos.

La inflación no es equivalente en gravedad a un desequilibrio regional, a un mal diseño de impuestos, o a la mala gestión de un servicio público. Pero conviene no olvidar que ataca a las bases mismas de una economía abierta de mercado y hace inviable la asignación de recursos que garantice el crecimiento. El combate contra ella debería tener prioridad máxima por los Gobiernos porque afecta a toda la economía y a todos los sectores, especialmente a los exportadores y a los que están expuestos a la competencia. Puesto que la política monetaria está ya fuera del control del Gabinete, éste debería dedicar todos sus esfuerzos a implementar unas reformas estructurales que aumenten la competitividad. La inacción y la autocomplacencia pueden ser tan peligrosas como la intervención imprudente.