El pasado 23 de diciembre el Pleno municipal adoptó el acuerdo de vender las acciones de Gas Pasaia S.A., propiedad del Ayuntamiento, a la empresa Naturgas, por un importe de un millón de euros. Es por ello que quienes abajo firmamos, vinculados en su día a la Sociedad Pasaia Gas, por haber ostentado el cargo de presidente y consejero, respectivamente, hemos decidido interponer un recurso de reposición en contra del citado acuerdo. El Ayuntamiento, desde que adoptó el acuerdo para la distribución y suministro de gas natural (1 de agosto de 1989), ha luchado contra viento y marea en la defensa de dicha competencia, habiendo llegado a defender sus tesis hasta obtener sentencia favorable del Tribunal Supremo. Por tanto, desde nuestro punto de vista la enajenación de este servicio resulta un imperdonable error que debe ser revisado desde la óptica del servicio público y no desde una venta que reporta recursos para hoy, pero que los elimina para el futuro, dado que, a tenor del artículo 111 de la Ley de Régimen Local, «las empresas -en este caso Gas Pasaia- se constituirán por un plazo que no exceda de cincuenta años». Y añade, «expirado el período que se fijare, revertirá a la entidad local su activo y pasivo y en condiciones normales de uso todas las instalaciones, bienes y material integrante del servicio».

Queremos hacer notar a los pasaitarras que en estos momentos las obras que se realizan para extender la red de gas por todo el municipio las paga la sociedad Gas Pasaia, no desembolsando el Ayuntamiento ni un euro, siendo los beneficios que genera la venta de gas los que sucesivamente van amortizando tales inversiones. Una vez que la red quede extendida en su totalidad, los beneficios de la venta del gas a los usuarios llegarán a suponer constantes ingresos en las arcas municipales. La decisión adoptada, al igual que la propuesta de privatizar la limpieza viaria, coloca sobre la mesa el debate de la privatización de los servicios municipales. Hay quien afirma que este tipo de decisiones repercuten favorablemente en la calidad del servicio prestado, pero ocultan que si eso es así, lo es a cambio de una mayor aportación económica por parte del municipio, que beneficia a las empresas privadas, haciendo que se incrementen los impuestos. Por ello confiamos en que el Pleno reconsidere su decisión y tome en consideración la importancia que para el municipio tiene la prestación de servicios públicos de interés para sus ciudadanos por parte de la entidad local, y no lo haga simplemente mirando a la mayor o menor cuantía que los intereses privados ofrezcan ahora por ese servicio.