EN una fecha tan emblemática como era el aniversario del debate del Congreso que rechazó el plan Ibarretxe, el lehendakari presentó ayer el Consejo Político que pretende liderar un proceso de «paz, normalización y reconciliación» y «animar» una mesa de partidos. Un anuncio con el que recuerda que «no vamos a estar de brazos cruzados» a la espera de que ETA anuncie el fin de la violencia. Deja traslucir un punto de inquietud y decepción ante la tardanza de nuevos movimientos. Pero también denota un gran escepticismo a que este proceso cristalice a corto plazo y una tentación de volver a ensayar una estrategia institucional ya probada en parte en el pasado.

Ibarretxe dejó claro que si en los próximos meses ni ETA ni el ejecutivo de Zapatero adoptan decisiones, el Gobierno Vasco tomará la iniciativa en septiembre. «No vamos a esperar eternamente», indicó. Volvió a reivindicar «el corazón» del proyecto de nuevo estatuto, es decir, el derecho de decisión de la sociedad vasca. «Vamos a recorrer el camino iniciado en el año 2001 hasta el final y vamos a cumplir la palabra dada». Si los demás no se mueven, reclama el derecho a liderar iniciativas. Ibarretxe se resitúa pues con matices en la controvertida partitura que ha interpretado desde mayo de 2001, y que después la dirección del PNV ha querido limar al plantear también la obligación de negociación con el Estado como reverso pactista de la moneda y reclamar un nuevo acuerdo transversal que sustituya al mero juego de mayorías.

Al lehendakari le incomoda el fuerte rechazo del PSE a su Consejo Político, un órgano de escasa función práctica, pero con el que el Gobierno Vasco quiere ganar visibilidad y retomar un papel un tanto difuminado en los últimos meses. Sería una simplificación mirar este asunto bajo el prisma de las rivalidades que subyacen entre los partidos ante una futura negociación entre los socialistas y la izquierda abertzale. Además, el tripartito y el PSE libran un pulso por situarse en la centralidad política y se disputan la capacidad de tejer acuerdos.

La otra clave es la del marcaje que puede ejercer el Gobierno Vasco para que haya pasos con rapidez, para que ETA se decante por fin por el alto el fuego y para que el PSOE anuncie medidas. Lo hace con la misma bandera que agitó durante el debate del plan Ibarretxe, un acuerdo a largo plazo que deberá estar avalado por un refrendo popular; es decir, el plebiscito se convierte en un tácito mecanismo de presión política para acelerar determinados pasos. Volvemos de nuevo al problema del procedimiento, del método, que los partidos deben pactar antes de sentarse a hablar si no quieren que esta ausencia de consenso sea el preludio de un fracaso. En este enredo se vislumbra una soterrada pugna por el protagonismo que va a marcar la gestión de un posible proceso de paz.