MADRID. La mayoría de los magistrados del Tribunal Constitucional son partidarios de rechazar el recurso que el PP interpuso el pasado 2 de noviembre contra la decisión del Congreso de los Diputados de calificar y tramitar el proyecto de nuevo Estatuto de Cataluña como reforma estatutaria y no como reforma constitucional. No obstante, y dado que el tribunal no logró ayer la unanimidad que impone la ley para la no admisión a trámite, el pleno de la institución decidió consultar a la Fiscalía su opinión.

El acuerdo del pleno da a la Fiscalía y a los abogados del Grupo Popular un plazo de diez días para que formulen al tribunal las alegaciones que consideren necesarias ante la intención de los magistrados de no admitir a trámite la demanda porque tiene «una carencia manifiesta de contenido constitucional». La mayoría de los miembros del pleno rechaza estudiar la demanda del PP porque no ven en la decisión de la Mesa del Congreso elemento alguno que vulnere los derechos fundamentales de los diputados populares.

La Ley Orgánica del Tribunal Constitucional establece que para no admitir a trámite un recurso de amparo, si no existe unanimidad en el tribunal es preciso escuchar de forma previa las alegaciones de la Fiscalía y del demandante antes de «acordar mediante auto la inadmisión del recurso». COLPISA