La ley antitabaco cumplió ayer su primer mes de vigencia en Euskadi con un balance que alterna un alto grado de cumplimiento social, pero también un significativo desconcierto a la hora de establecer las correspondientes sanciones en caso de incumplimiento por parte de las autoridades competentes.

La aprobación de esta nueva normativa por parte del Gobierno central ha puesto de manifiesto la existencia de apreciables carencias en el momento de su aplicación en cada comunidad autónoma. En el caso de Euskadi, a día de hoy aún se ignora qué instancia administrativa debe vigilar por el cumplimiento de la ley y cuál de ellas es la competente para sancionar las posibles infracciones. Una situación que justifica el desconcierto existente en el sector hostelero, especialmente afectado por la aplicación de la nueva normativa, y que reclama una urgente clarificación por parte de la Administración vasca.

La Federación de Hosteleros del País Vasco ha dirigido una comunicación a la dirección de Drogodependencias del Gobierno Vasco solicitando las pertinentes aclaraciones sobre quién debe desarrollar y velar por el cumplimiento de los artículos contenidos en la nueva ley. Este colectivo profesional se ha visto obligado a lo largo de este mes a afrontar la nueva situación creada con una mezcla considerable de dudas y buena voluntad, optando la mayor parte de los establecimientos por permitir fumar, a pesar de las numerosas incógnitas que aún persisten y que nadie ha sido capaz todavía de resolver.

A lo largo de este mes de vigencia, la nueva legislación contra el tabaco ha obtenido un alto grado de cumplimiento social, obligando al colectivo de fumadores a protagonizar un notable esfuerzo, que se ha desarrollado principalmente en los centros de trabajo en un clima de ausencia de conflictos de significativa relevancia. Quizás, los mayores problemas se han concentrado en el negativo impacto sufrido por los estancos y otros establecimientos habituales expendedores de tabaco, y en la propia guerra desatada entre las empresas tabaqueras, situaciones ambas que pueden derivar en el futuro en una mayor conflictividad.

Tras haberse cumplido el primer mes de vigencia de la nueva legislación antitabaco, es preciso que la Administración vasca clarifique de forma inaplazable los criterios sancionadores que deberán aplicarse para garantizar un cumplimiento efectivo de la normativa, delimitando con nitidez la responsabilidad que compete ejercer a la propia Administración vasca.