El decreto ofrece al medio centenar de empleados fijos de las Cámaras la posibilidad de incorporarse como trabajadores fijos a la plantilla del Gobierno Vasco o que cobren una indemnización de 20 días por año trabajado con un máximo de doce años. Una docena de empleados, los pertenecientes a la Cámara de la Propiedad Urbana de Vitoria, decidieron ya incorporarse al Gobierno Vasco, y ahora tendrán que decantarse los otros 39 empleados restantes, de los que quince pertenecen a la de Gipuzkoa.

Este es otro de los temas controvertidos, ya que la Cámara de la Propiedad Urbana de Gipuzkoa defendía, apoyado en un informe jurídico, que los trabajadores que renunciasen a incorporarse a la Administración Pública cobrasen una indemnización de 45 días de salario por año trabajado.

Los órganos de gobierno de las cámaras quedarán disueltos a partir de la entrada en vigor del decreto y el Departamento de Vivienda asumirá durante el proceso de liquidación las funciones que hasta ahora tenían estos órganos, para lo cual nombrará a una persona representante delegada.

Este proceso puede prolongarse varios meses y las cámaras seguirán funcionando en sus sedes hasta que culmine el mismo.