MADRID. El PP impulsará una iniciativa popular para instar al Gobierno a convocar un referéndum sobre el Estatuto catalán en toda España y, además, propondrá al Parlamento la reforma legal para que el Tribunal Constitucional pueda pronunciarse antes de que el proyecto se apruebe. El líder de la oposición hizo ayer ambos anuncios en un desayuno informativo en el que confirmó la posición oficial de su partido -fijada el lunes por el secretario general, Ángel Acebes- en contra del acuerdo alcanzado por el Gobierno, el PSOE y CiU.

«Comprendo que lo más cómodo es callarse y entrar en el ambiente», dijo el presidente del PP al ratificar que, lejos de guardar silencio, mantendrá en pie el rechazo total de su partido a la reforma estatutaria catalana. A pesar de los cambios que ha experimentado la propuesta, el líder de la oposición sigue creyendo que es «una violación evidente de la Constitución» y supone «una ruptura flagrante».

«Voy a dar esa batalla», confirmó, e hizo un análisis crítico de los contenidos del Estatut con la explicación de las enmiendas que defenderá su grupo parlamentario en la Comisión Constitucional del Congreso y en las que apuesta por regresar al Estatuto aprobado en 1979 en la mayoría de los capítulos y, en especial, en la definición de Cataluña como nacionalidad histórica.

Además de fajarse en la tramitación parlamentaria de la propuesta estatutaria -«artículo por artículo»-, explicó que el PP impulsará la recogida de firmas para pedir al Gobierno la convocatoria de un referéndum sobre el Estatuto catalán en toda España. Esta iniciativa popular se concretará en una proposición no de ley al Congreso para que el Parlamento inste al Ejecutivo a celebrar la consulta. Rajoy argumentó que la reforma estatutaria altera el modelo de Estado y, por lo tanto, afecta a todos los españoles, quienes, en su opinión, deberían tener la oportunidad de pronunciarse en las urnas el mismo día del referéndum que se celebrará en Cataluña para sancionar el nuevo Estatut.

Parecido

Mariano Rajoy apenas concedió importancia al acuerdo del Gobierno con los nacionalistas y sólo introdujo un matiz en las declaraciones previas de Acebes sobre el pacto suscrito por el presidente del Gobierno con CiU. Mientras el secretario general aseguró que «estamos igual que el 30 de septiembre», el presidente del partido admitió que hay un nuevo texto pero «es muy parecido» al que se aprobó en el Parlament. Reconoció que «se ha producido algún cambio» en materia de financiación pero señaló que la nueva propuesta será de imposible aplicación a todas las autonomías y si se hace, resultará «letal» para el Estado, que verá debilitada su capacidad para garantizar la igualdad de servicios a todos los ciudadanos.

En cualquier caso, también restó relevancia a la iniciativa de financiación que -según dijo- «no es el asunto más importante» de la reforma estatutaria y destacó otros aspectos del texto con los que también está en desacuerdo, como el tratamiento a la lengua, la bilateralidad en las relaciones con el Estado, la ruptura de la unidad de mercado, la creación de un espacio laboral catalán o la Administración de Justicia.

Estupor socialista

La propuesta de Rajoy causó estupor en el PSOE. El portavoz socialista en el Congreso tachó la iniciativa de «disparate constitucional de primero de carrera». Alfredo Pérez Rubalcaba recordó que el artículo 87.3 de la Constitución establece que la iniciativa popular «no procederá» en materias regidas por una «ley orgánica», y un estatuto de autonomía es una ley orgánica.

El dirigente socialista indicó que, con la Constitución en la mano, la única explicación es que Rajoy quiere «implicar a la gente en su mentira» y embarcar a «los ciudadanos en una iniciativa rotunda y flagrantemente inconstitucional». En definitiva, agregó, «una desmesura» que pone el punto final a «una estrategia desmesurada» de dos años en contra de la reforma estatutaria.

La iniciativa popular es un mecanismo de participación política consistente en la recogida de firmas de ciudadanos, el texto constitucional fija que nunca será menos de 500.000, para que el Congreso debata una determinada propuesta. Este mecanismo permite a la ciudadanía adoptar iniciativas legislativas, pero en la práctica nunca ha funcionado. En el caso de que se reúnan las rúbricas suficientes, tiene que pasar el filtro de la admisión a trámite por la Mesa de la Cámara, que determinará si cumple todos los requisitos; y si supera este peaje tiene que ser aceptada por el pleno de los diputados, terreno en el que naufragan todas las iniciativas planteadas hasta ahora.

Rubalcaba sostuvo que la nueva propuesta de Rajoy es «el cuarto engaño» del líder opositor sobre el Estatuto de Cataluña. El primero, enumeró, fue denunciar que el proyecto era una reforma encubierta de la Constitución; el segundo, afirmar que rompía la unidad de España; el tercero, sostener que era una propuesta insolidaria; y el cuarto, plantear un referéndum. Rubalcaba indicó que «cuando uno dice cosas que no son verdad» el resultado es que «al final se acaba cayendo todo el tinglado». COLPISA