Lentamente y con muchas precauciones se abre paso la posibilidad de enjuiciar al presidente Bush para su eventual destitución por mal uso de sus poderes y, concretamente, por violar la Constitución al ordenar el espionaje de ciudadanos norteamericanos sin control judicial. Hablar de impeachment, una palabra olvidada desde los días de Richard Nixon, quien dimitió para no ser destituido, es algo más que prematuro, pero se ha roto ya el tabú tras el que se desarrolla hasta ahora la vida política en los Estados Unidos: alguna publicación, un sondeo y varios legisladores evocan la posibilidad en un ambiente enrarecido.

Que el senador Kerry y la diputada Jane Harman critiquen acerbamente al presidente a cuenta del escándalo del espionaje furtivo (eavesdropping, de to eavesdrop fisgonear, escuchar tras la puerta) o que The Nation, una publicación liberal dedique al asunto su última portada es lógico: son demócratas y estamos en año electoral. Distinto es que el veterano senador republicano Arlen Specter, presidente de la comisión de Asuntos Judiciales, diga tranquilamente que si el presidente viola la ley se le puede abrir un procedimiento de destitución. Y más si una encuesta de Zogby encuentra en un sondeo que un 52% de los norteamericanos lo creen también sin duda.

¿Ha empezado un debate embrionario sobre la posibilidad de destituir a Bush si se prueba que su orden ejecutiva de espiar fue hecha a sabiendas de que es ilegal? Es pronto para decirlo y falta mucho recorrido y mucho consenso para que un paso de esa envergadura pueda ser esbozado. Pero haber abordado la posibilidad es indicativo.

La Casa Blanca está haciendo un gran esfuerzo para que la esperada comparecencia ante el parlamento del ministro de Justicia, Alberto Gonzales, el 6 de febrero calme los ánimos, muy excitados, además por la decisión del estratega electoral del presidente, Kart Rove, de convertir la lucha antiterrorista con todas sus consecuencias en el tema central del argumentario republicano para las elecciones de noviembre próximo.

La intervención de Rove, un asesor, no un político en activo, es extemporánea y ha irritado a buena parte del campo conservador, que esperaba del estratega (investigado por un fiscal en el marco del caso Plame) otra conducta y entiende primar los criterios centristas, modelo senador McCain.