MOSCÚ. DV. La marea de revoluciones de terciopelo en Georgia, Ucrania y Kirguistán pusieron hace tiempo en guardia a las autoridades rusas. En julio del año pasado, el presidente Vladímir Putin se pronunció categóricamente en contra de que las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) «que participan activamente en la actividad política reciban financiación externa». «El dinero fluye hacia determinadas actividades políticas en Rusia. Sabemos quién paga y lo que se encarga con ese dinero. Ningún Estado respetable permitiría eso y nosotros tampoco», advirtió Putin.

Los legisladores elaboraron una ley, no sólo para reglamentar la actividad de las ONG, sino también para vigilarlas más de cerca y, si hiciera falta, suspender su actividad sin miramientos. El borrador inicial ponía en manos de la arbitrariedad de funcionarios del Servicio Federal de Registros (FSR) al destino de esas organizaciones, lo que levantó un auténtico vendaval de críticas tanto dentro como fuera del país. La permanencia en Rusia de organizaciones como Human Rights Watch, Greenpeace, Médicos sin Fronteras o Amnistía Internacional peligraba si la ley se adoptaba en su redacción inicial. La polvareda fue tan violenta que el jefe del Kremlin se vio obligado a pedir la opinión del Consejo de Europa. El proyecto de ley fue suavizado y aprobado por la Duma, el pasado mes de diciembre. Los trámites para el registro de ONG se habían simplificado, con respecto al primer anteproyecto, y los controles del Estado eran menos severos. Pese a ello, los defensores de los derechos humanos siguen considerando la ley muy restrictiva. En una carta de Exteriores el mes pasado, varias ONG de ámbito internacional sostienen que no se han tenido en cuenta las recomendaciones del Consejo de Europa.

La ley, recién firmada por Putin, entrará en vigor dentro de tres meses. El Gobierno considera que la nueva normativa es necesaria para luchar contra el terrorismo e impedir la injerencia de grupos de presión o gobiernos extranjeros en los asuntos internos de Rusia.