MADRID. El presidente del Grupo Santander, Emilio Botín, y su número dos', Alfredo Sáenz, son investigados por la justicia, junto a otra docena de personas -entre ellas, ocho directivos de la misma entidad financiera- por la supuesta apropiación indebida de 6 millones de euros y otros cuatro delitos: administración desleal, falsedad en documento mercantil, negativa a socio del derecho de información y cohecho. Los hechos a aclarar se refieren a la compra, el 16 de marzo de 1999, del 45,3% de las acciones de la compañía Aguas de Fuensanta por parte de Banesto, en pleno proceso de desinversiones industriales en el banco. La acusación también pretendía que el juez extendiera sus pesquisas al político Rodrigo Rato, en razón de que era uno de los principales accionistas de la compañía. COLPISA