SAN FRANCISCO. Google está dispuesto a «resistirse con todas sus fuerzas» a las presiones del Gobierno de EE UU, que pretende que entregue los registros de las búsquedas de los usuarios, algo en lo que Microsoft y Yahoo sí van a colaborar. La autopista de la información pronto podría tener espías en cada esquina, o al menos eso parece que pretende la administración del presidente estadounidense George W. Bush. Su Departamento de Justicia encargó el pasado agosto a un juez federal de San José, cerca de Mountain View (California), donde están los cuarteles generales de Google , que fuerce a la compañía a cumplir una orden para que entregue una base de datos con millones de términos de búsqueda tecleados por sus usuarios.

Justicia quiere usar esta información para defender el Child Online Protection Act (COPA, por sus siglas en inglés), una iniciativa de 1998 para proteger a los menores y que penalizaría a los operadores de las webs de material pornográfico que no dispongan de métodos para verificar que sus usuarios son mayores de 17 años. Se trata, no obstante, de una medida cargada de polémica: la Unión Americana para la Defensa de los Derechos Civiles (ACLU) presentó una demanda contra la ley bajo el argumento de que atenta contra la libertad de expresión. El Supremo de EE UU dio la razón al grupo y bloqueó la ley.

Ahora, en su demanda, el Gobierno indica que la información que obtenga de los tres buscadores le ayudaría a convencer al Supremo de que la medida en cuestión «sería más efectiva que filtrar el software para proteger a los menores de la exposición a material dañino en la red».

Batalla legal

El Departamento de Justicia ha contratado a Philip Stark, un profesor de estadística de la Universidad de California, para analizar la información. Según dijo el propio Stark, el análisis de las bases de datos de Google le permitiría «establecer la prevalencia de webs perjudiciales para los menores, y la efectividad de los filtros de contenido para bloquear estas páginas». Como Google es el buscador más popular de la red y, a estas alturas, una parada casi obligatoria para millones de usuarios de todo el mundo, la información que facilitase daría un impulso a los planes de las autoridades estadounidenses. Al margen de la ley en sí, la cuestión es importarte porque podría desatar una batalla legal de graves repercusiones para los usuarios de internet, ya que cuestionaría hasta dónde alcanza su derecho a la protección de su intimidad.

Los grupos de defensa de la privacidad online, como Fundación Fronteras Electrónicas (EFF), temen que se desate una avalancha si el Gobierno prevalece sobre Google. EFE