MADRID. El Gobierno justificó ayer su actuación ante la asamblea de Batasuna porque la Constitución no le permite impedir una reunión de una formación ilegalizada ya que tiene que ser un juez penal quien debe decidir su prohibición. El presidente del PP, Mariano Rajoy, instó, a su vez, a los gobiernos central y vasco a cumplir la resolución judicial sin «triquiñuelas».

El ministro de Justicia fue tajante al rechazar que la Audiencia Nacional haya desautorizado al Gobierno por haber prohibido el acto convocado por Batasuna el próximo sábado. Juan Fernando López Aguilar destacó que si el Ejecutivo no ha actuado para impedir la reunión ha sido porque es «respetuoso con las instituciones del Estado de Derecho» y con la independencia del Poder Judicial.

Es más, según el ministro, el Gobierno no podría intervenir aunque quisiera porque «la Constitución lo prohíbe» y determina que quien está autorizado para impedir una reunión o una manifestación «es el juez penal», que es el competente para considerarla «ilícita penalmente». En declaraciones a Antena 3, López Aguilar negó que José Luis Rodríguez Zapatero se haya planteado modificar o derogar la Ley de Partidos Políticos y recordó a Batasuna que no podrá formar parte de las instituciones «hasta que cumpla con las reglas del juego» y condene el terrorismo.

«Triquiñuelas»

El líder del PP, Mariano Rajoy, reiteró por su parte la satisfacción de su partido ante la decisión de Grande-Marlaska, pero llamó la atención de los riesgos que se ciernen sobre la ejecución del auto judicial. En un acto político en Córdoba, expresó su deseo de que, a la hora de impedir la celebración de la asamblea de Batasuna «no haya triquiñuelas ni fraudes de ley, y que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad mandadas por el Gobierno Vasco y de España cumplan esa decisión del juez».

La prohibición de la asamblea ha sido posible, según la presidenta del PP vasco, María San Gil, «por la presión ejercida por el PP». De no haberse producido, recalcó, «el acto de Batasuna se habría celebrado».San Gil pidió al consejero vasco de Interior, Javier Balza, que adopte las medidas necesarias y tenga «previsión» para impedir, ante lo que pueda hacer Batasuna , que termine por celebrarse la asamblea.

La resolución judicial ha sido acogida con preocupación por Elkarri, cuyo coordinador, Jonan Fernández, aseguró que supone un «obstáculo importante» para el proceso de paz, aunque indicó que no supondrá «una vuelta atrás» en el camino iniciado.

Por su parte, Gesto por la Pazexpresó su preocupación por la «falta de claridad» que observa en la decisión judicial, cuya justificación considera además «harto difícil de comprender desde el punto de vista de cualquier ciudadano». COLPISA