La decisión de Bruselas, defendió su portavoz en la vista, se tomó en función de los «fríos números» y sin mediar presiones políticas. El mayor peligro, al entender de Gippini, es que esta actitud cree un «precedente» que ponga en cuestión el sistema europeo de concentración. A partir de ahora las compañías se podrían embarcar en «frentes comunitarios» para paralizar los intentos de compra que les lancen, advirtió.

En términos similares se manifestó la letrada del Gobierno español, Nuria Diez-Herraz, quien alertó de que se produciría una «quiebra» de la seguridad jurídica si las empresas instrumentalizan las instituciones europeas para buscar el foro que más beneficia a sus intereses.