«El Gobierno no tomará medidas legislativas en contra de la voluntad de los empresarios o de los sindicatos». Con estas palabras el presidente del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, descartó ayer imponer cualquier cambio en la normativa laboral aunque las negociaciones en curso -emprendidas en marzo de 2004 con CEOE/Cepyme, CC OO y UGT- terminen sin acuerdo. A su juicio, aplicar reformas sin el consentimiento de los agentes sociales «es una mala receta».

El jefe del Ejecutivo apuntó que es preciso dar tiempo al tiempo si se quiere llegar a acuerdos. «Ese es el camino», añadió después de resaltar que el Gobierno persigue «con tesón el éxito del diálogo social».

«De la flexibilidad y capacidad de entendimiento de los interlocutores sociales no hay por qué dudar ni hay de qué temer», dijo. A continuación recordó que los pactos entre empresarios y sindicados han dado «pruebas suficientes de que su quehacer común redunda, siempre, en beneficio de la comunidad».

Para Rodríguez Zapatero existen «dos grandes retos» en el panorama laboral. Uno se refiere a la necesidad de mejorar las condicionales de trabajo de las mujeres, con una tasa de ocupación muy baja, y el otro, a la conveniencia de reducir la precariedad del empleo. «España tiene una tasa de temporalidad que no está justificada», expuso.