SAN SEBASTIÁN. DV. Begoña Bohoyo, la mujer que la semana pasada murió tras ser víctima de una brutal paliza por parte de su compañero sentimental, solicitó el año pasado y a iniciativa propia la retirada de la orden de alejamiento que había dictado un juzgado de Donostia, después de que ella misma hubiese denunciado a su pareja por presuntos malos tratos. La retractación de las denuncias por parte de las víctimas es precisamente una de las principales causas de las sentencias absolutorias que se dictan en los tribunales de justicia de Gipuzkoa contra maltratadores.

Begoña Bohoyo interpuso en la primavera del pasado año una denuncia contra su presunto asesino, Patxi Xabier A.E., después de que éste le agrediera. El hecho fue tramitado en un juzgado de Donostia, cuyo magistrado dictó una orden de alejamiento en la que se prohibía al maltratador acercarse y comunicarse con Begoña.

Tras la interposición de la denuncia, la mujer permaneció en acogida en un piso para mujeres que han sufrido violencia de género que estaba gestionado por el departamento de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Lasarte-Oria, donde por aquellas fechas la víctima residía. La medida de prohibición, no obstante, se mantuvo poco más de un mes. En el transcurso de este tiempo, Begoña Bohoyo recibió las ayudas que son habituales en casos de maltrato, tales como un apoyo psicológico así como ayuda de emergencia, es decir una partida económica para hacer frente a diversos gastos que tenía.

La orden de alejamiento se mantuvo hasta el mes de junio. Entonces, la propia Begoña Bohoyo compareció en el juzgado y solicitó la retirada de la prohibición, petición que fue admitida por el juzgado, con lo que a partir de aquel instante, el acusado pudo de nuevo convivir con su víctima.

Práctica habitual

La retirada de las denuncias es una práctica habitual. Según un informe de la Fiscalía de Gipuzkoa, buena parte de las sentencias absolutorias se deben a las frecuentes retractaciones de las víctimas. Asegura que en estos casos las denunciantes no mantienen sus imputaciones en el acto del juicio oral o bien sus declaraciones no son coherentes ni constantes. Igualmente, considera que en algunos casos, las víctimas manifiestan «lisa y llanamente» que perdonan a su agresor y retiran la denuncia.

El informe sobre la violencia de género señala que el principal problema ante el que se encuentra la Fiscalía es la «falta de persistencia en la incriminación» por parte de las víctimas, «que impide en ocasiones una adecuada sanción al agresor». El ministerio público recuerda que durante 2004 las retractaciones de la víctima, bien en el atestado o en la comparecencia en los juzgados de Instrucción, fueron 83. El miedo, las amenazas, la posibilidad de una futura reconciliación, la dependencia económica o psicológica respecto a los agresores, son algunas causas que motivan la retirada de las denuncias. No obstante, la Fiscalía también constata la «valentía» de algunas víctimas que, aún hallándose inmersas en procedimientos por malos tratos, vuelven a denunciar a sus agresores. El informe constata que mientras que el año 2003, los casos en los que se emitieron fallos condenatorios fueron del 57%, en 2004 se incrementaron hasta el 83%.

Para evitar en parte este tipo de situaciones, los servicios sociales tanto de ámbito municipal y territorial como autonómico vienen trabajando en lo que se denomina «dependencia emocional» de la víctima hacia su maltratador. Los equipos psicológicos consideran que en tanto ese vínculo de dependencia no se rompa, las víctimas permanecerán bajo el control y dominio de los maltratadores.