Comienza a ser tradicional que la aldeana intelectualidad donostiarra nos pontifique con aparentes discursos sesudos que, en realidad, no son más que escritos de sumisión con el poder. En este marco el señor Bermejo nos ilustraba hace unos días de la virtualidad de la nueva ley antitabaco. Comenzaba su disertación con una premisa falsa y otra incierta: «Pese a que recauda 5.000 millones de euros al año, tratar las enfermedades producidas por el tabaco le cuesta casi el doble». Es falsa esa cifra, ya que los últimos datos de recaudación correspondientes al mes de octubre, el Estado había ya superado con creces esa cifra y siembra la incertidumbre al añadir ese «casi el doble» ¿Cuánto es ese casi, cientos, miles o millones de euros? ¿Cómo se cuantifican los gastos por fallecimientos por el tabaco si, hoy por hoy, la ciencia médica no puede afirmar con rotundidad qué muertes se deben, o no, al tabaco.

En el siguiente párrafo toma como patrón de medida las muertes por accidente de tráfico, pero se olvida que hay otras muchas causas de muerte que superan a las producidas por el tráfico y sobre las que no se legisla, por ejemplo: los suicidios. Y a nadie se le ocurre legislar dónde se puede, o no, suicidar uno.

Pero lo más sospechoso de toda su argumentación es que pasa de puntillas, en clara complicidad con nuestros legisladores, sobre le meollo de la cuestión: «como es sabido, dentro de cada pitillo van incluidas más de doscientas sustancias altamente tóxicas, brutalmente aditivas y probablemente cancerígenas». Y es esta realidad, precisamente, la que pone de manifiesto el oportunismo demagógico de esta ley, ya que en absolutamente todos los productos de consumo humano, es su composición si es o no nociva lo que se regula. Curiosamente, en este caso, los legisladores optan por la represión al consumidor y traspasan su responsabilidad a los hosteleros y empresarios, en lugar de legislar coherentemente qué substancias deben o no contener los cigarrillos o, como en otros casos, qué cantidad de humo es admisible para ser, o no, nocivo para la salud, en un lugar concreto. Se da la paradoja, ocultada por los políticos que, por ejemplo, en un bar se pueda tomar un «pastillazo» legalmente, pero no se pueda fumar tabaco.

Sí, señor Bermejo, desde que don Francisco Hernández de Boncalo, allá por el año 1509 trajo las primeras semillas de tabaco al Nuevo Mundo, su inhalación se ha visto rodeada de una frondosa mitología, una realidad a la cual usted no es ajeno y nos ha aportado su granito de arena para que siga llenándose la alforja de más falacias en torno a su consumo. No le extrañe, pues, que se plante el debate en términos de libertad individual frente a los efectos sociales, si los que, como usted, se creen ungidos para poder pontificar sobre la salud y el bienestar de los ciudadanos, no nos dicen la verdad. Si fuera cierto que estas medidas fueran eficaces, constataremos fehacientemente cómo año tras año bajará el gasto sanitario, cosa que, sospecho, no ocurrirá.

Y por si tuviera la tentación de acusarme de ser un pagado por las tabaqueras, le confesaré, ahora que nadie nos lee, que mi padre murió de cáncer de pulmón y es, precisamente por eso, por lo que reivindico que se opine y, sobre todo, se legisle con total veracidad, atacando la raíz del problema y no engañarnos al personas con falacias. Si el tabaco es nocivo para la salud o bien se legisla su composición o se prohíbe. Lo demás es estéril demagogia.