Ayer entró en vigor la Ley de Medidas Sanitarias contra el Tabaquismo. Sin embargo, la sociedad española se debate todavía en un mar de dudas acerca de su puesta en práctica, porque no debe confundirse la validez jurídica de las normas con su eficacia social. La nueva ley obedece, sin duda, a principios razonables, que orientan también la legislación actual y futura en otros países europeos: en efecto, la protección de la salud pública es un bien jurídico relevante, en especial cuando se trata de la defensa de los fumadores pasivos. Es lícito no obstante preguntarse hasta dónde debe llegar la intromisión de los poderes públicos en la vida privada. Sea como fuere, la ley -aprobada por amplia mayoría parlamentaria- es ahora norma de obligado cumplimiento, de manera que la Administración, las empresas y los establecimientos de todo tipo tendrán que adoptar sin dilación las medidas imprescindibles. (...).