Tocar la caja única

J. M. RUIZ SOROA

Mencione usted la posibilidad de transferir al País Vasco la gestión de la Seguridad Social y se encontrará de golpe con un coro de admoniciones que le avisan de que ese es un tema tabú, de que ha entrado en el territorio de lo sagrado, que hacerlo sería poco menos que obsceno. Transferir de verdad esa competencia (no sólo la gestión del sistema sino también su contenido) supondría, se nos dice, nada menos que romper el principio de caja única de la seguridad social, en virtud del cual todos los cotizantes/beneficiarios son tratados con igualdad absoluta sin hacer distinción de sus denominaciones de origen territorial. La caja única es algo así como el principio socialista de clase única: los ciudadanos pueden ser tratados distintos como ciudadanos pero los trabajadores no, como trabajadores cotizantes y pensionantes deben ser considerados como iguales absolutos unos de otros.

Además, se nos advierte, una Seguridad Social 'sólo vasca' pondría en peligro el sistema mismo, dado que existe un déficit enorme (unos 3.000 millones euro) entre lo que los cotizantes vascos aportan y lo que reciben.

Esto es cierto, sin lugar a dudas, pero a uno no se le alcanza la congruencia de tales argumentos en el sistema actual de relaciones bilaterales entre Euskadi y España. Más bien me resulta que lo más acorde con ese espíritu sería lo contrario, la transferencia plena del sistema y la creación de una caja separada; y me explico.

Si el sistema fiscal concertado entre Euskadi y España excluye la solidaridad entre vascos y españoles (y esto es un hecho por mucho que el Gobierno financie anuncios de prensa diciendo lo contrario), si no hay 'caja única' en materia impositiva sino todo lo contrario (hay 'caja aparte'), no se entiende muy bien por qué en materia de seguridad social debe considerarse el principio de caja única como sagrado. Lo que no vale para los ciudadanos como tales ciudadanos, valdría sin embargo para esos mismos ciudadanos tomados como 'trabajadores'. ¿Por qué? No se me alcanza la razón para ese diverso trato del principio de solidaridad en uno u otro ámbito, que además es puramente nominal pues los universos respectivos de ciudadanía y cotizantes se solapan casi al 100%.

Por otro lado, no es cierto que la transferencia tuviera que provocar la quiebra de una Seguridad Social sólo vasca. La brecha entre cotizaciones y prestaciones, con ser elevada, podría perfectamente ser cubierta por la sobrefinanciación que el sistema concertado procura a la Administración vasca, que según todos los sabios en el asunto supera con mucho los 3.000 millones. Simplemente, el sistema pasaría a estar financiado en parte por impuestos, no por cotizaciones, algo que muchos expertos defienden como futuro ineludible del sistema de protección social.

Y, por último, last but not least, el efecto conjunto resultante de tener separadas ambas cajas, tanto la fiscal como la prestacional, haría que este sistema fuera mucho más equilibrado y acorde con los principios de equidad interterritorial que el actual.

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