Menos temporales

La reunión que mantuvo ayer la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, con los líderes de CC OO y UGT, Unai Sordo y José Luís Álvarez, y con los presidentes de la CEOE y de Cepyme, Juan Rosell y Antonio Garamendi, dio inicio al nuevo curso en materia de diálogo social. Resulta especialmente novedoso que el Gobierno esté dispuesto a establecer 'desincentivos' para las empresas que recurran en exceso a la contratación temporal y a la rotación en sus plantillas, mediante el incremento de las cotizaciones por desempleo que deban satisfacer. Medida que se vería compensada en la economía real con incentivos para las empresas que aporten más contratos indefinidos. Se trata de una iniciativa compleja a la hora de llevarla a efecto, puesto que afectaría a sectores y compañías en situación de franca desigualdad, y requeriría un seguimiento tan exhaustivo de la casuística laboral que demandaría más recursos humanos y materiales en las instancias centrales y autonómicas competentes de llevar a cabo tal reajuste. El mercado de trabajo posterior a la crisis se debate entre la necesidad de simplificar su normativa y la concurrencia de situaciones laborales tan diversas que requerirían un tratamiento diferenciado. El diálogo entre los interlocutores sociales y con el Gobierno ha de encontrar el término medio que procure a los trabajadores un espacio de estabilidad y certidumbre respecto a su futuro profesional a medio plazo y, a la vez, consiga integrar en un mismo cuerpo normativo las diversas circunstancias que hoy tienden a centrifugarse en un universo tan disperso de relaciones laborales que fomenta la ilicitud. Entre la temporalidad o los contratos fugaces y el fraude solo dista la necesidad que la trabajadora o el trabajador tengan de mantener un empleo sometido a la arbitrariedad de su empleador. La sociedad española y su economía tienen ante sí un doble desafío: generar puestos de trabajo y asegurar su calidad. La agenda propuesta por la ministra Báñez permite avanzar en ambas direcciones. Pero es necesario que el Gobierno reconozca los límites sociales de la reactivación económica en España. Límites que anuncian la desaceleración para 2018. Es necesario que el Gobierno admita que la recuperación está siendo socialmente desigual, como ha ocurrido con toda salida a las sucesivas crisis de la economía, y que baje al terreno de las relaciones laborales para intentar que 2018 no nos devuelva a la crisis.