La solución kurda

Si antes el referéndum pactado era anticonstitucional y poco fiable, ahora lo es menos al constatar la frescura con la que el Govern lo avala, y da por bueno el voto irregular

ANTONIO ELORZA

Estos cinco años el avance del independentismo catalán ha tenido como regla de oro la frase de Umberto Eco: «Producir la propia verdad contando mentiras». Es así como hábilmente guiado por un juez procedente del Constitucional, con toda seguridad asistido por otros juristas de calidad, el Govern de Catalunya ha ido cumpliendo su propósito de «engañar al Estado» una y otra vez, según propusiera Artur Mas. Hasta culminar en la sesión de ayer con la proclamación de la independencia a cargo de Carles Puigdemont. Ha sido una obra maestra de fraude al Estado de derecho exhibiendo en todo momento la presunción de democracia, y más aun de una democracia amenazada. La clave institucional y normativa de esa inversión operada en las relaciones políticas y en el orden legal ha consistido en la utilización a fondo de las amplísimas competencias otorgadas por el autogobierno para erosionar el régimen constitucional y estatutario, hasta alcanzar definitivamente su demolición mediante la ruptura del Estado.

Se trata de una evolución hacia la independencia política de un territorio de forma totalmente nueva a nivel mundial, y como es lógico en Europa, donde una parte de un Estado democrático, dotada de las citadas amplísimas facultades, las utiliza subrepticiamente, no para protegerlo sino para dinamitarlo. Una situación imprevista desde una concepción jurídica de raíz kelseniana, pero del todo ajustada a la estrategia del decisionismo propugnado por Carl Schmitt, en el sentido de que un liderazgo carismático anule las reglas del sistema representativo, apoyado en la movilización de masas nacionalista.

Por eso no importa que las preguntas del 9-N fueran tramposas, que en las elecciones de 2015 el voto independentista no llegara al 50%, y sin embargo el ‘procés’ siguiese adelante; que en las sesiones del Parlament de los días 6 y del 7 se alterase el orden del día para un auténtico golpe de estado, eliminando el debate que un asunto de tal importancia requería; que se votaran resoluciones sobre la independencia y la «desconexión», contrarias a la Constitución y al Estatuto a pesar de las advertencias de los asesores jurídicos del propio Parlament; o que para el 10 de octubre se convocara con sordina un pleno del mismo para que la intervención de Puigdemont incluyese la declaración de independencia. El catalanismo separatista utiliza para definir su democracia el criterio de que «yo no digo mi canción, sino a quien conmigo va». Los no independentistas, hoy minoría parlamentaria, son «súbditos» (Turull), «no pertenecen al pueblo catalán» (Forcadell), o si adoptan posición contraria activa, quedan socialmente expulsados de la comunidad catalana. Por no hablar de las consideraciones racistas de Junqueras sobre los parentescos «genéticos» de catalanes, españoles, franceses y portugueses. El resultado es una Cataluña binaria, o mejor la división entre una Cataluña autodefinida como auténtica, aun cuando no sea mayoritaria, que asume fraudulentamente la representación del todo, frente a los ciudadanos catalanes que al permanecer leales al orden constitucional, resultan apartados del nuevo orden.

De fraude en fraude, se llega a la sesión de ayer del 10 de octubre, convertida en una caja de misterios, más allá de la certeza de que Puigdemont en su discurso iba a capitalizar la jornada del Primero de Octubre, y que de un modo u otro iba a cumplir el supuesto mandato del referéndum ilegal y sin garantías para proclamar la independencia. Todo ello envuelto en una salsa de profesiones de fe cordiales, incluso hacia España, proponiendo la concordia sobre la base del inevitable «diálogo», y con la novedad de que al parecer Europa está proponiendo «la mediación», que es lo que desea un Govern cargado, según sus palabras, de buenas intenciones para todos.

Era de esperar, así como la consecuencia cargada de doblez que Puigdemont acaba planteando, para nadar -afirmando la independencia- y guardar la ropa, intentando tranquilizar al capital catalán, alejar el riesgo de una intervención del Estado y pasar al Gobierno de Madrid la pelota de negarse al famoso «diálogo». El presidente catalán miente o encubre el aspecto esencial de que por mucho malestar que suscitara fuera de España la jornada del Primero de Octubre, sus apoyos reales cuentan poco frente a la apuesta resuelta de la Unión Europea por preservar la unidad y la democracia constitucional en España frente a lo que es una rebelión institucional y, por consiguiente, un golpe de estado por mucho que tenga el respaldo de masas independentistas.

El inmediato antecedente de la solución finalmente adoptada por Puigdemont se encuentra fuera de Europa. Se trata de la declaración de independencia del Kurdistán iraquí, en la cual el presidente Barzani incluye que una cláusula similar de entrada en vigor cuando le parezca conveniente, después de intentar el diálogo, claro. Mal precedente, ya que en el caso catalán la lealtad a un referéndum fraudulento y la insistencia en el engaño, cierra de antemano la puerta a una negociación. Si antes el referéndum pactado era anticonstitucional y poco fiable, ahora lo es menos al constatar la frescura con la que el Govern lo avala, da por bueno el voto irregular y sigue inflando hasta ochocientos la cifra de heridos, sin la menor autocrítica después de conocerse los números reales y la triste farsa de la señora con los dedos rotos. Ni con europeos amigos ni con ejercicios de autoconvencimiento va a lograr un apoyo efectivo.

Se ha perdido la ocasión, y se ha facilitado al gobierno su preferencia por el cierre de perspectivas de negociación, cuando esta sería posible, como con voz pequeña apuntaron los socialistas, sobre una reforma de la Constitución en sentido federal, dentro de la cual puede caber el reconocimiento de una autodeterminación con porcentajes ponderados.

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