El sistema público de pensiones

MARÍA CARMEN GALLASTEGUICatedrática de Teoría Económica (UPV/EHU)

Las manifestaciones de jubilados siguen produciéndose, a pesar de la subida en las pensiones públicas, lo que plantea algunas preguntas sobre las que deberíamos seguir reflexionando. Preguntas como:

-¿Debe el sistema de pensiones tener un objetivo redistributivo?

-Dado que el sistema público de pensiones es una pieza fundamental del Estado de Bienestar ¿cómo debe ser su diseño?

-¿Es cierto que un sistema de pensiones público propio en Euskadi sería una alternativa que permitiría garantizar mejor las prestaciones?

Son preguntas sin una respuesta fácil e inequívoca aunque hay análisis que pueden arrojar algo de luz sobre las mismas.

Las reformas que los sistemas públicos de pensiones han experimentado en España, y en otros muchos países europeos, han venido de la mano de la evolución demográfica que está propiciando un aumento en el tamaño de la población de mayor edad, que como sabemos, condiciona la sostenibilidad del sistema de pensiones. La conexión entre ambas variables, demografía y sostenibilidad, ha incentivado reformas y, en el proceso, hemos aprendido que si se ligan las pensiones de jubilación con la evolución del presupuesto de la seguridad social, se pueden generar efectos negativos, tanto en la adecuación del tamaño de la pensión como en la redistribución de la renta. Esto hace pensar que utilizar el sistema de pensiones como instrumento redistributivo no necesariamente sea una buena idea. Algo en lo que deberíamos reflexionar.

Respecto a la segunda pregunta, sabemos que no queda más remedio que estar al tanto de la salud financiera del sistema de pensiones y que entender cómo se puede gestionar el mismo, tanto ahora como en el futuro, es una tarea vital. A través de los análisis hemos conseguido comprender las dificultades para garantizar la sostenibilidad del sistema y lo importante que es tener en cuenta el futuro de los hoy jóvenes.

La tercera cuestión, más política, trata del acierto o desacierto de intentar conseguir un sistema de pensiones propio para nuestra Comunidad Autónoma. Lo que puedo aportar en este asunto es lo que aprendí cuando, en el Instituto de Economía Pública (UPV/EHU), hace ya años, abordamos esta cuestión y llegamos a la conclusión de que era mejor, dada nuestra demografía, mantenernos en el sistema público de pensiones del Estado y no iniciar una política propia al margen. Cierto que ha pasado tiempo desde entonces pero cierto también que no he visto ni leído nada que me haya hecho cambiar de opinión. Estaré atenta.

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