La sentencia de Noos. Una conspiración inexistente

Es difícil que con la elevada pena de prisión impuesta a Urdangarin y lo bien elaborado que está el fallo del Tribunal Supremo pueda eludirse el ingreso en prisión

LUIS LAFONT NICUESAFiscal

La sentencia del caso Noos, redactada por uno de los magistrados con más prestigio de nuestro país, ha confirmado sustancialmente las penas que en su día impuso la Audiencia de Baleares. La posibilidad de que algunas penas pudieran haberse incrementado se ha encontrado de frente ante los estrechos límites de la casación ante el Tribunal Supremo. En la casación no pueden discutirse los hechos probados por la sentencia recurrida sino únicamente debatir cuestiones jurídicas. La única excepción que el Supremo acepta para entrar en los hechos es cuando beneficie al reo. En este marco, el fiscal considera en su recurso que la firma de tres convenios entre la Comunidad Autónoma de Valencia y las sociedades de los acusados, Ignacio Urdangarin y Diego Torres, integran un delito de prevaricación porque se prescindió absolutamente de las normas de procedimiento que disciplinan los contratos celebrados. El Supremo reconoce que «el estudio del fiscal, amén de laborioso contiene argumentos de peso que permiten, al menos, modular la construcción más dubitativa de la Audiencia… Pero que, aunque se suscriba íntegramente el razonamiento del fiscal, tropezaríamos con obstáculos insorteables para encajar los hechos en el delito de prevaricación sin retorcer algunas de las aseveraciones fácticas que la Audiencia proclama: tanto en el hecho probado; como también, en ocasiones, en la fundamentación jurídica».

Únicamente en un frente procesal secundario como el del delito de falsedad, se han estimado los recursos de casación a Torres y Urdangarin, si bien casi no ha tenido repercusión en las penas por las reglas técnicas del Código Penal en materia de concursos. La pena se ha rebajado en cinco meses a Urdangarin por la apreciación de la atenuante de reparación del daño que ya apreció la Audiencia de Baleares al consignar Urdangarin el dinero para hacer frente a la responsabilidad civil.

El Tribunal Supremo señala, acertadamente, que el hecho de que unos presupuestos no fueran serios, no significa que fuesen falsos con arreglo al Código Penal. Tampoco el que una resolución administrativa contenga datos no veraces constituye un delito de falsedad, aunque pudiera serlo de prevaricación.

Sí entiende que hay falsedad en un documento por el que se acuerda contratar con una entidad, documentándolo como un acuerdo colegiado adoptado conforme a la normativa interna de la Fundación cuando no era así, pero no consta que los acusados lo conocieran o intervinieran en su elaboración.

Se mantiene la responsabilidad civil de Cristina de Borbón en el delito de malversación: pero al hilo del recurso de Ana Maria Tejeiro Losada se deja sin efecto la responsabilidad civil respecto a los delitos contra la Hacienda Pública. El Supremo señala que nadie puede enriquecerse en un delito por el que se elude el pago de tributos ya que retiene lo que tiene. No se puede sostener que se haya participado de lo generado por un delito que, como señala la Sentencia «no reporta directamente bienes sino que evita una disminución del patrimonio». Las tesis sobre un trato de favor hacia la infanta se debilitan si se tiene en cuenta que hasta el caso Noos nunca se había exigido una responsabilidad civil a un familiar de un condenado por evadir impuestos.

Tampoco queda reforzada en la sentencia la popular tesis conspiratoria de que la Fiscalía ocultaba la responsabilidad penal de Cristina de Borbón. La resolución confirma la condena en costas a la acusación popular Manos Limpias. La sentencia del TS llama la atención sobre el hecho de que dicha parte sólo impugne las costas derivadas de la acusación formulada contra Cristina de Borbón y no otras por las que también había sido condenada. Señala la Sentencia que ello puede ser un olvido, si bien destaca que la acusación «aparenta estar focalizada con una cierta fijación» en Cristina de Borbón y que su interés desaparece cuando se trata de otras partes. El Tribunal Supremo es contundente: «No es fácil asumir que la acusación popular estaba convencida de la intrínseca justicia de esa petición máxima de pena …y, menos aún, que hacía esa petición porque confiaba en convencer al Tribunal de lo ajustado de la misma. Da la impresión de que la mirada y la cabeza de esta parte no estaban solo en el foro, y en el proceso, sino en otros lugares, fuera de la Sala de Justicia. El caballero andante que rescataba a la Sociedad frente a una Fiscalía hipotéticamente monitorizada por el Gobierno resultó no serlo».

El Tribunal Supremo deja claro a partir de esta Sentencia que en un termino medio entre el subjetivismo de una acusación particular que ejerce la víctima y la neutralidad e imparcialidad de la Fiscalía, a la acusación popular debe exigírsele objetividad. Es difícil que con la elevada pena de prisión impuesta a Urdangarin y lo bien elaborada que está la Sentencia del Supremo, pueda eludirse el ingreso en prisión aunque se interponga un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

Contenido Patrocinado

Fotos

Vídeos