La reciente sentencia de la Audiencia Nacional sobre los hechos acaecidos en Altsasu ha vuelto a poner de manifiesto la desproporción y la falta de rigor en la utilización del Derecho Penal en determinados ámbitos. Una paulatina dilución del principio de separación de poderes que, en este caso, es palpable si consideramos que tanto la jueza instructora como la presidenta del Tribunal de la Audiencia Nacional tienen relación personal con la Guardia Civil. Además de que no debían haber instruido el caso, se evidencia en esta relación, la estrecha dependencia del Poder Judicial (Audiencia Nacional) de un cuerpo policial del Poder Ejecutivo (Guardia Civil).

Pese a que la sentencia deja claro que no estamos ante un delito de terrorismo, la desproporción de las penas es tal que no existe en la jurisprudencia española o comparada un caso o precedente semejante con condenas desde 9 a 13 años de prisión por una pelea de bar, independientemente de la condición policial de algunos de los agredidos. El delito de riñas en tasca no desaparece automáticamente convirtiéndose en otro más grave por el mayor o menor desprecio que tenga uno de los contendientes respecto al otro, o la categoría y profesión del agredido. La sentencia recupera peligrosamente los delitos de corte ideológico por razón del propio origen y la «presunta» ideología que los hechos dan por supuesta en los condenados. Prueba de ello ha sido, igualmente, las aparatosas e innecesarias detenciones policiales operadas por la propia Guardia Civil estos días, con la falsa excusa de riesgo de fuga.

La demencial desproporción de la sentencia con condenas generales de nueve a 13 años de prisión (salvo en el caso de una condena de dos años) a unos jóvenes por pelearse en un bar con la Guardia Civil, hay que situarla en contextos políticos superiores. El juicio ha ejemplificado una genérica estrategia político-penal (ver, entre otros, el procesamiento de políticos catalanes, la petición fiscal para los CDR, etc.) basada en que toda acción individual o colectiva dirigida contra las autoridades/instituciones políticas y, especialmente, policiales del Estado español -al margen de los instrumentos, violentos o no, que utilicen con confrontación y al margen de cuáles sean los objetivos de esa confrontación- es considerada, sin más, como un delito de odio, de terrorismo o de rebelión.

La consideración de estos delitos no se asienta en lo que realmente pretende hacer el sujeto y en cómo pretende hacerlo. Para las autoridades políticas y judiciales es suficiente que tal acción sea sentida por ellos como suficientemente ofensiva e insoportable para considerarla una estrategia terrorista o colindante con el terrorismo.

El Estado y su anexo brazo judicial quieren dejar claro que no están dispuestos a tolerar que símbolos e instituciones que encarnan su Autoridad con mayúsculas se pongan en cuestión.

No es solo la estrategia de la desproporción, es la progresiva deriva hacia el autoritarismo del sistema político y judicial español. Como literalmente se dice en el reciente manifiesto ('Urgencia Democrática'), suscrito por personalidades de diversas instancias políticas, sociales y culturales del País Vasco, el sistema español «que ya venía enfangado por la corrupción y sus políticas antisociales ante la crisis, por una erosión escandalosa del principio de separación de poderes y otros males no menores, revienta por todas sus costuras significativamente al hilo del procés catalán y lo hace ante dos posiciones antagónicas de la sociedad: ultrarradicalismo de apoyo a la involución del Estado y anestesia generalizada en cuanto a pensamiento crítico. Observamos una ofensiva sin precedentes de una Justicia politizada por las corrientes ideológicas más autoritarias y conservadoras, el encarcelamiento de las ideas y de quienes las defienden, sean tuiteros, cantantes de rap, rotulistas, grafiteros o actores de teatro. A los que unimos, con gran preocupación, los jóvenes condenados en el caso Alsasua.

Sería bienvenido equivocarnos, pero si la desproporción y falta de garantías de la sentencia de la Audiencia Nacional se repite ante el Tribunal Supremo y ante el Tribunal Constitucional, tendrá que ser el Tribunal Europeo de Derechos Humanos el que restituya a los condenados en una vía jurídica de rigor y proporcionalidad en contra de la justicia española, como viene siendo habitual. Para entonces habrían pasado muchos años y el daño sería irreversible, resucitando las viejas pesadillas del pasado sobre los delitos ideológicos.

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