Ruptura desbaratada

El tono grave y decidido que Mariano Rajoy empleó ayer para dirigirse a los ciudadanos, y también a la mayoría que controla las instituciones de la Generalitat, fue la respuesta que cabía esperar del Gobierno tras lo sucedido la víspera en el Parlamento de Cataluña. La impugnación ante el Constitucional de las resoluciones adoptadas para un referéndum ilegal, tanto en la Cámara autonómica dirigida por Forcadell, como por el Consejo Ejecutivo presidido por Puigdemont, se daba por descontada, al igual que la firmeza de la resolución del alto tribunal al suspender la convocatoria de un referéndum ilegal. Pero ha sido el desprecio a la legalidad constitucional y estatutaria, y la certeza de que el secesionismo se ve empujado por una inercia irrefrenable para sus propios protagonistas, lo que confiere especial sentido a la firmeza del Gobierno, compartida por PSOE y Ciudadanos. El independentismo ha podido llegar a creer que sus decisiones irían siempre adelante, considerando que las resoluciones contrarias del TC se quedarían en papel mojado frente a la resuelta disposición de un pueblo en marcha. El manejo privativo del poder autonómico como palanca para desbordar el propio cauce estatutario confería a esa creencia un cierto halo de materialidad. Las imágenes palaciegas del secesionismo permanentemente reunido, compareciendo ante los medios y concitando el apoyo de numerosos cargos institucionales, aportaban apariencia de verosimilitud al 'mantra' socializado de que todo sería distinto tras el referéndum. Sin embargo, es imposible que los responsables últimos del impulso del proyecto independentista no supieran que sus pretendidos cimientos y el andamiaje de la transición hacia una república catalana quedarían en el aire, al descubierto, una vez que el Tribunal Constitucional desechara su validez jurídica. Aunque Puigdemont tratara de poner al TC fuera de juego, en su comparecencia nocturna del miércoles, la ley y su aplicación no son resortes que activa a última hora el Estado constitucional. Se trata de compromisos de convivencia a los que se atiene la mayoría de los ciudadanos y de funcionarios públicos. El referéndum anunciado para el 1 de octubre no se va a celebrar. Pero no porque así lo haya establecido Rajoy. No va a tener lugar porque, frente a la voluntad secesionista, hay una mayoría social crítica en Cataluña que valora más las bondades de un sistema imperfecto, e incluso insatisfactorio, que las promesas de la temeridad a ultranza. Forman parte de esa mayoría social crítica con la efervescencia independentista los alcaldes que se atendrán a la legalidad, los funcionarios que se negarán a obedecer requerimientos contrarios a sus obligaciones de servidores públicos y, sobre todo, los ciudadanos que esperaban una mínima rectificación moderadora de las ansias secesionistas al abrigo del poder autonómico.