La restauración del orden constitucional

Rajoy deberá restablecer en apenas ocho semanas el principio de neutralidad institucional y garantizar la libertad de los ciudadanos no independentistas

JAVIER TAJADURA TEJADAProfesor de Derecho Constitucional de la UPV-EHU

Las medidas acordadas por el Consejo de Ministros -en virtud del artículo 155 de la CE- para restablecer el orden constitucional en Cataluña han producido ya sus primeros y más importantes efectos. Los temores que muchos albergábamos sobre la capacidad del Estado para lograr la obediencia a esas medidas, afortunadamente, se han disipado.

El Gobierno de Rajoy -con el pleno respaldo del PSOE y de Ciudadanos- ha actuado con la contundencia que exigía la situación y ha destituido a Puigdemont y a los demás miembros del Govern, así como a los máximos responsables de los Mossos (Soler y Trapero). El rápido acatamiento de estos a las órdenes del ministro del Interior ha permitido que, en cuestión de horas, el golpe haya sido desarticulado y la Constitución y la ley hayan recuperado su vigencia en Cataluña. El relevo en la cúpula de la Policía catalana ha hecho inviable cualquier tipo de resistencia por parte de Puigdemont y los demás dirigentes golpistas. Los acontecimientos del fin de semana han sido muy reveladores. Los Mossos retiraron inmediatamente el servicio de escoltas a los consejeros destituidos. Si ayer se les permitió acceder a sus antiguos despachos fue únicamente para que recogieran sus pertenencias personales. Por otro lado, no solo no se produjeron alteraciones del orden público, sino que la reacción más contundente vivida en las calles ha sido la gran manifestación del domingo en defensa de la Constitución y de la unidad de España. En definitiva, gracias a la contundente respuesta de Rajoy, Cataluña transita nuevamente por la senda del Derecho. Con todo, queda todavía un largo y complicado camino para recuperar la plena normalidad.

Junto al cese del Govern, la convocatoria de elecciones autonómicas para el 21 de diciembre ha sido una audaz y arriesgada medida que Rajoy ha adoptado por sorpresa. Esta medida ha llevado a muchos analistas a considerar que la intervención de Cataluña se limita temporalmente a los 54 días que restan para dichos comicios. Sin embargo, de los decretos aprobados por el presidente del Gobierno y el Consejo de Ministros no se deduce tal cosa. La celebración de las elecciones el 21 de diciembre debería servir para que el nuevo Parlament alumbre una mayoría y nombre a un president que haga honor a su promesa de respeto a la Constitución y de lealtad al Rey. Pero mientras ese Govern no se forme, la vicepresidenta Saénz de Santamaría y el ministro Montoro seguirán dirigiendo la administración catalana. Es decir, hasta que no se elija a un nuevo president -para lo que no cabe anticipar una fecha fija- Rajoy continuará ejerciendo las funciones del destituido Puigdemont.

Jose ibarrola

En este contexto, las próximas elecciones autonómicas resultarán decisivas para el pleno restablecimiento del orden constitucional. Rajoy ha asumido el riesgo de convocarlas en el plazo más breve que permite la ley. En apenas ocho semanas deberá restablecer el principio de neutralidad institucional -sistemáticamente violentado por el Govern destituido- y garantizar -sobre todo en zonas del interior de la Cataluña profunda- la libertad de los ciudadanos no independentistas. Realmente, este es el reto principal al que nos enfrentamos. El orden legal ha sido restablecido, pero la fractura social, las heridas y los destrozos causados por los secesionistas en la convivencia pacífica de los catalanes tardarán años -si no décadas- en cicatrizar. Durante mucho tiempo, desde las propias instituciones se ha ido inoculando un virus del odio a lo español, un virus totalitario que produce efectos letales sobre la libertad de los ciudadanos. La declaración de personas ‘non gratas’ sufrida por políticas como Inés Arrimadas o la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, por parte de determinados municipios, no pueden ser considerados actos aislados. Todos estos comportamientos responden al propósito de «barrer» (en palabras de la CUP), es decir, de expulsar de Cataluña, a quienes no comulgan con las ruedas de molino de los secesionistas. El secesionismo ha implantado en Cataluña la lógica schmittiana y antidemocrática de amigo-enemigo. Y a ello han contribuido, entre otros, los medios de comunicación públicos. Esa lógica debe ser desterrada y sustituida por la que reconoce la igual dignidad del adversario político.

Resulta por ello discutible que se haya decidido excluir a TV3 de la intervención. De hecho, durante el fin de semana, emitió un mensaje del destituido Puigdemont como si fuera aún el legítimo president de Cataluña. Los medios de comunicación públicos de Cataluña no han asumido aun la legalidad y, si no lo hacen voluntariamente, habrá que incluirlos entre los entes intervenidos.

El balance provisional de las primeras 72 horas de aplicación del artículo 155 es muy positivo. El orden público no ha sufrido alteraciones notables y se ha logrado la obediencia de los Mossos. Finalmente, el Ministerio Fiscal presentó ayer las querellas por rebelión, sedición, y malversación, contra los miembros del Govern y de la Mesa del Parlament, que podrían desembocar en órdenes de detención contra los responsables de la insurrección. Órdenes que -en el caso de Puigdemont- no podrían ser eludidas por el hecho de encontrarse en Bélgica. La Unión Europea es una comunidad de Derecho en la que ningún Estado puede otorgar asilo a un fugitivo de la justicia de otro Estado miembro.

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